La venta callejera, una asignatura pendiente

A fines de la semana pasada, como lo informamos, se conoció que la reubicación de los vendedores ambulantes de San Miguel de Tucumán tendrá que postergarse por tiempo indefinido. En efecto, fracasó la operación -autorizada por ordenanza- de alquilar un local para alojarlos, en calle 9 de Julio primera cuadra, ya que el propietario cambió de opinión.
La cuestión de la venta callejera en nuestra capital constituye un tema recurrente de nuestros editoriales, así como de las cartas de lectores, tucumanos o forasteros. Está a la vista de todos que encarrilar esa actividad dentro de las vías que corresponden a una ciudad moderna representa, junto con el transporte ilegal, una de las grandes asignaturas pendientes de la Municipalidad.
Prácticamente no existe vereda del microcentro donde no se desplieguen, cada vez con mayor amplitud, los mesones de los ambulantes. Estos inclusive han avanzado sobre las peatonales, cuyo límite los detenía hasta unos meses atrás. Transitar normalmente por la acera se ha tornado imposible. El peatón debe bajar a la calzada, con todo el riesgo que ello representa en arterias estrechas y atestadas de vehículos. No se necesitan demasiados argumentos para sostener la necesidad de que ese comercio tenga un encauzamiento jurídico mínimo. Y que no se desarrolle, como hasta la fecha, sin más norma que el capricho y la conveniencia de quienes lo practican. Hay que recordar que se trata de una actividad que, al no pagar tributo alguno por su emplazamiento o por sus operaciones, pone en desventaja a los negocios instalados como la ley ordena. Hemos publicado cifras sobre este punto. Durante 2005, el comercio ilegal -que mueve alrededor de $ 480 millones por mes- llegó a constituir el 30 % de las ventas totales. Lo practican aproximadamente unas 4.000 personas, lo que está dando una idea de la dimensión que rodea a este particular asunto.
Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, la difícil situación económica y social torna comprensible que busquen, de todas las formas posibles, allegar fondos para sus necesidades. Pero tampoco puede admitirse que una ciudad capital, poblada por más de medio millón de habitantes, vea sus calles invadidas por puestos de venta que causan los numerosos inconvenientes apuntados arriba. A los que se agregan, por cierto, todos los perjuicios que dicha actividad causa a la higiene de la vía pública y a la estética general de la ciudad.
En todas las capitales argentinas existe venta ambulante. Pero en ninguna de ellas se ha llegado a los extremos que registra San Miguel de Tucumán: por el contrario, se han implementado sistemas para que tal comercio pueda desarrollarse sin afectar la vida normal de la urbe, ni generar perjuicios a la vida comercial y a la existencia diaria de todos en general.
Pero, curiosamente, entre nosotros el Estado no parece encontrar manera de controlar el desborde, que crece de modo exponencial a medida que transcurre el tiempo. La Federación Económica, como se sabe, tiene en marcha una acción judicial para gestionar la erradicación de dicha modalidad de venta.
Nos parece que resulta urgente encarar de modo definitivo una solución para lo que está ocurriendo. Esa solución, pensamos, debe ser integral y no parcial. De otra manera, las cosas volverían pronto a su estado anterior. Ello ya quedó demostrado con la experiencia de habilitar el ex mercado Persia o la vieja Terminal de Omnibus para los vendedores. No puede continuar la política de dejar pasar el tiempo: este, lejos de arreglar los problemas, no hace sino potenciarlos.