24 Septiembre 2006 Seguir en 
La Iglesia Católica dice tener datos para poner en duda la eficacia del programa oficial de atención sanitaria de los sectores más empobrecidos, que el Gobierno considera uno de los puntos altos de su gestión, sobre todo por la disminución en los índices de mortalidad materno-infantil.
No se trata esta vez de un planteo bioético sobre el aborto, ni de críticas a la ley de anticoncepción quirúrgica que permite vasectomías y ligaduras de trompas, sino de una queja puntual sobre “alarmantes falencias” en el sistema de atención primaria de salud y en el reparto gratuito de medicamentos.
“Ocultar o silenciar las cifras reales de este problema es contraproducente, porque no encararlo con profundidad es perpetuar una de las causas de inequidad más graves y profundas de nuestra sociedad”, advierte la Red Solidaria de Profesionales de la Salud al constatar los resultados de una encuesta propia sobre esta problemática.
El grupo de 6.200 médicos y auxiliares sanitarios, que depende del Departamento de Laicos del Episcopado, alerta en un informe sobre los alcances del plan Remediar, que asegura el acceso a los medicamentos, y las deficiencias de los centros de atención primaria de salud (CAPS).
El estudio realizado en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Jujuy, Formosa y Chaco evalúa como “incompleto” el vademécum del plan Remediar, por considerar que no contempla el 40 % de los medicamentos que se prescriben. A esto se suma que un porcentual similar de familias debe comprar en forma total o parcial los remedios, con el consiguiente riesgo que conlleva para sectores carenciados que deben optar por adquirirlos o comer.
“La gran mayoría no los compra o abandona el tratamiento, aun poniendo en juego la salud de los pacientes”, explica el cardiólogo Justo Carbajales, coordinador de la Red que atienden en forma gratuita a sectores excluidos del sistema sanitario.
Los médicos dicen constatar también una “insuficiente” atención primaria, ya que en esos centros no se resuelven consultas básicas y recargan la demanda en hospitales, donde -aseguran- el sistema de acceso a una prestación se “torna todavía más perverso”.
Los datos de la encuesta de la Red revelan que el 25,5% de las familias deben viajar más de cinco kilómetros para recibir atención médica, situación que se agrava por la falta de transporte o de dinero para pagarlo.
También reflejan que ante síntomas de enfermedad, no-urgencia, el 14% de las familias obtiene atención médica entre los 15 días y un mes, y un 20,15% después de ese plazo.
La Red sostiene que esos guarismos confirman que una de cada tres familias encuestadas tiene “severas dificultades” para ser atendida en los hospitales.
El mayor retraso se observó en el Gran Buenos Aires, en donde el 26% recibe atención sanitaria después de los 15 días y el 36 % después del mes.
Los datos eclesiásticos recientes, que demuestran que hay un retroceso en la eficacia de los programas oficiales que se lanzaron en 2003 y 2004 para paliar la crisis, contrastan con los dichos del ministro Ginés González García sobre los indicadores sanitarios.
El funcionario pone al plan Remediar y a los CAPS como ejes del éxito de su gestión y destaca cómo el índice de mortalidad materno-infantil descendió hasta el 13,3 por mil, el más bajo de la última década. Un porcentual que el Plan Federal de Salud proyecta ubicar en el 12,7 por mil en 2007 y llevar a un dígito en 2010.
No se trata esta vez de un planteo bioético sobre el aborto, ni de críticas a la ley de anticoncepción quirúrgica que permite vasectomías y ligaduras de trompas, sino de una queja puntual sobre “alarmantes falencias” en el sistema de atención primaria de salud y en el reparto gratuito de medicamentos.
“Ocultar o silenciar las cifras reales de este problema es contraproducente, porque no encararlo con profundidad es perpetuar una de las causas de inequidad más graves y profundas de nuestra sociedad”, advierte la Red Solidaria de Profesionales de la Salud al constatar los resultados de una encuesta propia sobre esta problemática.
El grupo de 6.200 médicos y auxiliares sanitarios, que depende del Departamento de Laicos del Episcopado, alerta en un informe sobre los alcances del plan Remediar, que asegura el acceso a los medicamentos, y las deficiencias de los centros de atención primaria de salud (CAPS).
El estudio realizado en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Jujuy, Formosa y Chaco evalúa como “incompleto” el vademécum del plan Remediar, por considerar que no contempla el 40 % de los medicamentos que se prescriben. A esto se suma que un porcentual similar de familias debe comprar en forma total o parcial los remedios, con el consiguiente riesgo que conlleva para sectores carenciados que deben optar por adquirirlos o comer.
“La gran mayoría no los compra o abandona el tratamiento, aun poniendo en juego la salud de los pacientes”, explica el cardiólogo Justo Carbajales, coordinador de la Red que atienden en forma gratuita a sectores excluidos del sistema sanitario.
Los médicos dicen constatar también una “insuficiente” atención primaria, ya que en esos centros no se resuelven consultas básicas y recargan la demanda en hospitales, donde -aseguran- el sistema de acceso a una prestación se “torna todavía más perverso”.
Los datos de la encuesta de la Red revelan que el 25,5% de las familias deben viajar más de cinco kilómetros para recibir atención médica, situación que se agrava por la falta de transporte o de dinero para pagarlo.
También reflejan que ante síntomas de enfermedad, no-urgencia, el 14% de las familias obtiene atención médica entre los 15 días y un mes, y un 20,15% después de ese plazo.
La Red sostiene que esos guarismos confirman que una de cada tres familias encuestadas tiene “severas dificultades” para ser atendida en los hospitales.
El mayor retraso se observó en el Gran Buenos Aires, en donde el 26% recibe atención sanitaria después de los 15 días y el 36 % después del mes.
Los datos eclesiásticos recientes, que demuestran que hay un retroceso en la eficacia de los programas oficiales que se lanzaron en 2003 y 2004 para paliar la crisis, contrastan con los dichos del ministro Ginés González García sobre los indicadores sanitarios.
El funcionario pone al plan Remediar y a los CAPS como ejes del éxito de su gestión y destaca cómo el índice de mortalidad materno-infantil descendió hasta el 13,3 por mil, el más bajo de la última década. Un porcentual que el Plan Federal de Salud proyecta ubicar en el 12,7 por mil en 2007 y llevar a un dígito en 2010.







