La causa Borquez fue el origen de todo

Felipe Terán afronta un proceso de destitución y una investigación penal en la que está imputado fundamentalmente por el caso Borquez. Este se originó por la demanda que el 25 de noviembre de 2004 Inés Yolanda Borquez entabló contra el Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras la declaración de cesación de pagos (default), de 2001, que siguió a la devaluación.
En su requerimiento, el fiscal Carlos Brito sostuvo que todos los títulos, incluidos aquellos cuya copia certificada de tenencia Borquez acompañó a la demanda (U$S 620.000), habrían sido adquiridos a escaso valor después del default, cuando el crédito del país había caído. Por eso, según información bursátil recogida en la causa, entiende que, a partir de una maniobra especulativa de $ 4,3 millones, se pretendía ganar U$S 5,2 millones o, su equivalente, $ 15 millones, a costa del Estado.     
Según información suministrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Brito afirmó que Cristina Atim, hija de Borquez, compró la totalidad de los títulos que luego transfirió a la cuenta comitente de su madre.
En el pedido de citación a declaración indagatoria de ambas mujeres, que elevó al juez subrogante Mario Racedo, Brito cargó sobre Atim. “Ella, conociendo la resolución cautelar abierta dictada por el juez Terán, adquirió Bontes 02 y 03 por mandato de la empresa EDM Group Export Import S.A., en febrero de 2005, y desde su cuenta comitente los transfirió a la que tenía, como condómina, con su madre, y que se encontraba amparada por la sentencia interlocutoria, a fin de percibir la renta y amortización de los títulos”, dijo.
La resolución dictada por Terán el 23 de diciembre de 2004 ordenaba al Estado que se abstuviera de concretar la pesificación respecto de los Bontes 02 y 03 depositados en la cuenta de Borquez y pagar la renta mensual de los títulos respetando la moneda de origen (dólar) o la cotización en el mercado libre. Como no precisaba la cifra exacta en títulos respecto de la cual el erario no debía practicar la pesificación, Brito asevera que habrían sido introducidas a la cuenta, a posteriori, importantes sumas en bonos, para también poder beneficiarlas con la medida cautelar que ya había sido dispuesta.