Un caso que repica en Tucumán y en Buenos Aires

Felipe Terán protagoniza una situación que no tiene precedentes en esta provincia. Es el primer juez federal en ser sometido a un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación (JE) por supuesto mal desempeño. Al mismo tiempo, nunca antes en Tucumán un magistrado federal había sido citado a declarar como imputado en una causa penal. Ambos hitos confluirán durante esta semana en las actuaciones que, en forma simultánea aunque paralela, se desarrollarán en la Capital Federal, donde comenzarán las audiencias de debate ante el JE (ver "Lista de testigos"), y en esta ciudad. En esta última empezarán a prestar declaración indagatoria cuatro de las cinco personas que, además de Terán y en el mismo carácter que él (ver "Los imputados"), fueron convocadas en el marco de la investigación penal.
Aunque de diferente naturaleza, ambas actuaciones tienen el mismo origen: presuntas irregularidades en la causa abierta en 2004, cuando Inés Yolanda Borquez promovió una demanda por medio de la cual solicitó a Terán que declarara inconstitucional la normativa que pesificó los títulos públicos luego de que el Estado nacional se declaró en cesación de pagos (default), como consecuencia de la devaluación que siguió a la salida de la convertibilidad.
La pesificación significaba devolver -en este caso los bonos- a un cambio fijado a $ 1,40 más CER por dólar. Borquez, cuando accionó contra el Estado, acompañó copia certificada de tenencia de títulos por U$S 620.000 y pretendía que, declaración de inconstitucionalidad de la pesificación mediante, le pagaran respetándose la moneda de origen (dólar) o el equivalente en pesos según la cotización en el mercado libre.
Terán libró una medida cautelar a favor de la demandante por medio de la cual le ordenó al Estado que se abstuviera de concretar la pesificación respecto de los Bontes 02 y 03 depositados en la cuenta de la mujer, pero no especificó la cantidad (cifra) en títulos que debía ser beneficiada con la resolución. Como consecuencia, el Ministerio de Economía de la Nación advirtió que, dos meses después del dictado de la sentencia, en la cuenta de la mujer habían ingresado U$S 4 millones más en bonos, que también podían beneficiarse con la resolución que bloqueaba la pesificación.
El erario no llegó a pagar porque, finalmente, la cautelar fue dejada sin efecto por el propio juez, razón por la que el fiscal federal Carlos Brito considera que la supuesta maniobra de defraudación quedó en grado de tentativa.

Una compleja trama
El caso Borquez alertó sobre posibles maniobras especulativas similares en otros expedientes judiciales que eran sustanciados ante Terán y ante el otro juez federal, Jorge Parache. Como consecuencia, el Consejo de la Magistratura (CM) abrió sumarios contra ambos (el de Parache aún está en trámite) y en junio, en el caso de Terán, decidió suspenderlo y someterlo a un proceso de destitución.
Mañana, en Buenos Aires, en el marco del proceso de remoción, comenzarán las audiencias de debate, en la que declararán 17 testigos ofrecidos por la acusación (el propio CM) y la defensa de Terán. El JE tiene plazo hasta el 12 de diciembre para decidir si destituye a Terán o si lo repone en el cargo.
Otro tanto ocurrirá desde mañana en esta capital en el juzgado federal número dos, que hasta el 12 de junio encabezó Terán y que ahora, en forma subrogante, preside Mario Racedo. Este, a pedido del fiscal Brito, empezará a tomarles declaración indagatoria a los imputados por la causa Borquez. Ocurre que, en forma paralela a las actuaciones ante el Consejo de la Magistratura, Brito efectuó una investigación penal frente a la posibilidad de que haya funcionado "una asociación constituida para perjudicar al Estado", según consta en el requerimiento que elevó a Racedo.
La citación a indagatoria incluye, además de a Terán, a la demandante (Borquez) y a su hija, Cristina Atim (en el carácter de presuntas autora y coautora); a los abogados que tuvieron alguna actuación o gestión vinculada a Borquez (Alfredo Ducca y Daniel Martín), y a Osvaldo Siseles (ex funcionario nacional); los últimos cuatro en el carácter de presuntos partícipes de la supuesta maniobra.

Mario Racedo, magistrado subrogante, también citó al juez Felipe Terán (suspendido en su cargo desde el 12 de junio) para que el lunes 9 de octubre preste declaración indagatoria como presunto partícipe de una supuesta tentativa de defraudación contra el Estado con títulos públicos. También le imputan presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Terán, por propia voluntad, puede presentarse, sin que el acto de declaración como imputado signifique una vulneración de sus prerrogativas constitucionales. No obstante, si no lo hiciera, Racedo no podría forzarlo; tendría que esperar hasta la terminación del proceso de destitución que le siguen a Terán.

En Buenos Aires, en el proceso de destitución contra Felipe Terán ante el Jurado de Enjuiciamiento, declararán como testigos:

Mañana desde las 14.30: Sergio Lázaro Peppe, Guillermo Alfredo García y Luis Lefevre (todos de la Procuración del Tesoro de la Nación).

El martes desde las 9.30: Laura Alercia, Guillermo Jerez y Edgardo Nogueira (actuaron en Tucumán por el Ministerio de Economía).

El martes, luego de los anteriores, será el turno de Osvaldo Siseles (ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, ME), Federico Nazur (representa a la Procuración del Tesoro en Tucumán) y Yolanda Eggink (directora general de Asuntos Jurídicos del ME).

El miércoles, desde las 9.30: Eduardo Peró (director de control y gestión judicial del ME) y Antonio Bustamante (presidente del Colegio de Abogados).

Luego de los anteriores lo harán: Sara Inés Caporaletti, Alberto Zelaya y Jorge Altero (todos del juzgado federal número dos) y Enzo Nazar (oficial de Justicia).

Finalmente, el mismo miércoles declararán los jueces federales Carlos Rubén Skidelsky (Chaco) y Alejandro Sánchez Freytes (Córdoba).