El problema es cíclico. La administración municipal cambió de jefatura política, pero el pago de sueldos sigue siendo una pesadilla.
Cuando Raúl Topa abandonó precipitadamente la intendencia, la Casa de Gobierno creyó que había llegado el momento de aplicar el remedio de Yerba Buena.
Sisto Terán, a la sazón gobernador de Tucumán, no titubeó entonces en pedir la intervención a la Municipalidad de la capital. Sólo la rapidez de reflejos de los ediles de los distintos partidos -producto del espanto- le ganó de mano a la movida de la Casa de Gobierno.
Antonio Alvarez sucedió a Topa y heredó la crisis financiera, con su potencial efecto desestabilizador. Con el apoyo del Concejo Deliberante, emprendió una carrera contra el tiempo. Abrió su gabinete a dirigentes peronistas con trayectoria conocida y se acercó al mirandismo.
Fernando Juri conoció de primera mano el plan del nuevo intendente y prometió gestionar una audiencia con Miranda, que no se realizó aún. El tembladeral en que se sumió el oficialismo en las últimas semanas acaso demoró la cita; pero es un dato de la realidad que, dentro de la Casa de Gobierno, se mantiene vivo el propósito de acabar con la autonomía municipal.
La asistencia financiera que el mirandismo daba a Topa, ahora está congelada. "La Provincia no le debe nada a la Municipalidad", disparó fríamente Terán, mientras la pelea interna del gremio hacía de la ciudad un gigantesco basural. El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, advierte que es una cuestión que sólo decide el gobernador.
La delicada situación del tesoro provincial es el argumento que esgrime el mirandismo. Altas fuentes del gabinete municipal sospechan que, en realidad, se prepara una nueva ofensiva contra las autoridades municipales. La oposición cree que se viene el ahogo financiero a Alvarez. La crisis política permanece.
