El lado oscuro de la cooptación política

BUENOS AIRES.- Nunca como en la actualidad pudo observarse con claridad cómo el entramado de alianzas políticas elaborado desde el oficialismo está tan condicionado por el esquema de relaciones fiscales entre la Nación y las provincias. Por estos días, en coincidencia con las definiciones de varios gobernadores e intendentes en favor de sumarse al kirchnerismo, las cuentas públicas muestran un punto de divergencia que explica las razones de esos virajes políticos: mientras el gobierno nacional consolida su superávit fiscal, el conjunto de las provincias ya sabe que cerrará el año con déficit financiero y que en 2007 el rojo también llegará al resultado primario.
Dos situaciones contrapuestas que llevan en sí mismas las respectivas posiciones de fortaleza y debilidad, no solo de cara a las elecciones de 2007, sino para la administración de cada distrito: si la falta de correspondencia entre la recaudación y el gasto condicionó históricamente la autonomía política de las provincias, el actual manejo discrecional de las transferencias torna casi imposible gobernar sin el apoyo de la administración de Néstor Kirchner.
El superávit nacional y el déficit provincial no son el resultado de una gestión eficiente por un lado y veinticuatro derrochones por el otro. Por el contrario, el esquema impositivo vigente no podría tener otro resultado y quien lo conozca en detalle podrá darse cuenta de que la holgura fiscal que las provincias tuvieron los últimos tres años fue una excepción sostenida por uno de los más brutales ajustes salariales de la historia.
En abril de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo Cavallo reinstaló el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Al año siguiente, devaluación mediante, Eduardo Duhalde y sus ministros Jorge Remes Lenicov primero y Roberto Lavagna después implantaron las retenciones a las exportaciones. Los dos impuestos le otorgaron a la Nación una herramienta de recaudación sin la obligación de tener que coparticiparla con las provincias. Hoy, Kirchner y Felisa Miceli pueden comprobarlo: sin el concurso de esos dos tributos, 2005 no habría terminado con un superávit de $ 19.600 millones, sino con un déficit de $ 2.200 millones. Las provincias no vieron un centavo de toda esa voluminosa suma.
Sin el superávit, el oficialismo no tendría capacidad para convocar a sus filas a dirigentes de otros partidos. Renunciar a eso representaría el fortalecimiento de las economías regionales y el suicidio político del oficialismo. Pero la estrategia de cooptación política va mucho más allá del superávit, para avanzar sobre el reparto de los recursos. Desde que en 1988 se aprobó la ley de Coparticipación, una sucesión de complementos terminaron por desdibujar un esquema que, con sus errores, tenía la virtud de girar los recursos de manera automática, sin importar el color político del administrador de turno.
Otro elemento de cooptación está fundado en la falla de origen de la falta de correspondencia entre gastos y recursos. La inflación de los últimos dos años redundó en una mejora de la recaudación nacional, pero también en un retraso salarial del sector público que se sumó al operado tras la devaluación de 2002. Las provincias tarde o temprano tienen que aumentar los salarios, es decir deben valerse del 29% de los recursos para afrontar el 47% de los gastos... En términos relativos, lo que a la Nación le cuesta 100, a las provincias, 217. ¿Cómo se sale de ese cuello de botella, en un sistema que propende al superávit nacional y al déficit provincial? La respuesta se ve todos los días, acto público tras acto público, mediante un mecanismo mucho más sutil y contundente que un portafolio con billetes envasados al vacío. (DyN)