Manejos en el Servicio Exterior

El Servicio Exterior de la Nación, conformado por su cuerpo diplomático, es una de las pocas estructuras del Estado organizadas bajo pautas cuya severidad y exigencias tan sólo son superadas por las Fuerzas Armadas. A estas últimas les está reservada la defensa nacional en el orden específicamente militar, en tanto que la representación y preservación de los intereses internacionales de la República corresponden funcionalmente al SEN, organizado con un exigente orden de servicio y profesionalidad que conforma la carrera diplomática. Como en la organización castrense, los ascensos son propuestos anualmente por una Junta de Calificaciones y, en el caso de los ministros y embajadores, deben contar con acuerdo del Senado, a solicitud del Presidente de la Nación. Muy raramente alguna institución estatal ha podido escapar al proceso de decadencia que agobia al país y se manifiesta con la crisis, pero seguramente una de las más afectadas ha sido la del servicio exterior, cuyos integrantes son hoy castigados por un desorden político y administrativo sin precedentes desde su organización.
Desde 1998 ninguno de los gobiernos de turno cumplió con el régimen anual de promociones, dos de cuyas listas de ascensos quedaron sin tratamiento por el Senado, en tanto que una tercera se perdió en el camino. La cuarta ha tenido entrada en la Cámara alta recientemente, pero a su elaboración por la Junta de Calificaciones de la Cancillería siguió una primera revisión por parte del ministro Carlos Ruckauf y el vicecanciller Jorge Faurie, cuyos resultados produjeron una sorda rebelión en el Palacio San Martín, a la vez que desconcierto en los medios diplomáticos.
La sustitución de embajadores y ministros promovidos en el fallo de la junta calificadora, por otros no mencionados en la lista, ha dejado testimonio del estilo reprobable que comenzó desde hace algunos años con el número abusivo de embajadores políticos que -no pocas veces con calidades cuestionables- pospusieron a distinguidos profesionales del servicio exterior. Una segunda "revisión" de la nómina calificada se produjo en la Casa Rosada y es ahora la Comisión de Acuerdos del Senado la que debe dar el fallo final sobre una propuesta que, por sus repetidas metamorfosis políticas e influencias deplorables, está circulando dentro y fuera de la Cancillería con todas las variantes a que fue sometida.
Esa reprobable realidad suma una referencia más a las numerosas que descalifican el manejo del Estado por grupos de intereses políticos, económicos o sindicales con acceso a gobiernos sucesivos aunque seguramente menos visibles como protagonistas en la crisis. Tal corrupción de procedimientos ha llegado a ser una práctica común que, especialmente en el caso del Servicio Exterior de la Nación, pone en delicada situación la defensa de intereses fundamentales de la República.
Basta advertir que sus integrantes han accedido a este tras una formación universitaria y un largo posgrado selectivo en el instituto académico que los habilita para iniciar sus carreras, amén del rigor vocacional que tan notorias exigencias demandan.
La tarea del Senado en esta ocasión, y tras haber postergado desde hace cuatro años acuerdos regulados legalmente, asume una responsabilidad pública excepcional, pues debe establecer transparentemente su rechazo de un estilo discrecional que desprecia la calidad y eficiencia de la representación internacional del país.