Morales afronta una oleada de paros y protestas

LA PAZ.- Al menos cuatro huelgas sectoriales se sumaron ayer a protestas de indígenas y de pobladores de la frontera, en una nueva ola de conflictos que paralizaba varias ciudades bolivianas y parecía desafiar la capacidad de gestión del presidente Evo Morales.
Los trabajadores de la seguridad social, por su parte, llevan ya casi dos semanas de huelga de hambre pidiendo la reincorporación de tres ex sindicalistas despedidos por presunta corrupción. Los empleados de la empresa de correos, en tanto, cumplían ayer su primera semana de huelga para exigir la destitución de un gerente.
Los maestros urbanos y los transportistas iniciaron huelgas nacionales de dos días. Los primeros piden la renuncia del ministro de Educación, Félix Patzi; los segundos rechazan un programa municipal de reempadronamiento de automotores y un alza de las multas por infracciones.
Al mismo tiempo, en rechazo a la huelga docente, varios millares de padres de familia de la ciudad vecina de El Alto marcharon hasta el centro de La Paz para respaldar al polémico ministro que también ha chocado con la influyente Iglesia Católica.
Morales, otrora líder de movilizaciones sociales contra gobiernos neoliberales, dijo que tiene plena confianza en su ministro Patzi, que es cuestionado por tratar de imponer una reforma educativa de corte indigenista, y llamó a los maestros a dialogar sobre dichos cambios sin recurrir a presiones.
Estos conflictos se sumaron a las huelgas cívicas en tres ciudades fronterizas con Argentina, en protesta contra una disposición que restringe las visitas y las compras que ciudadanos argentinos realizan en territorio boliviano.

El suministro a Brasil
La exportación de gas a Brasil seguía ayer amenazada. Las comunidades indígenas guaraníes ocuparon el lunes una estación de un gasoducto, en protesta porque la empresa operadora, Transierra, no acepta su demanda de acelerar la ejecución de un plan de desarrollo regional por valor de U$S 9 millones. El líder guaraní, Wilson Changaray, ratificó ayer la amenaza de cortar el bombeo de gas a Brasil si persistía la negativa de Transierra, una empresa conjunta de las transnacionales Petrobras, Repsol-YPF y Total.

Cargos de corrupción
El presidente Evo Morales, que a regañadientes destituyó el lunes al titular de la estatal petrolera YPFB, a Jorge Alvarado, por cargos de corrupción, dispuso ayer la creación de una comisión interministerial, con el objetivo de fortalecer el Ministerio de Hidrocarburos y, de ese modo, reimpulsar su política de nacionalización, salpicada por problemas con la oposición interna y con las multinacionales Repsol y Petrobras.
Alvarado está acusado de haber intentado firmar un contrato de manera irregular, según informes de varias entidades de control.
El jefe de Estado también destituyó al superintendente de Hidrocarburos, Hugo Sáinz, y a otros dos funcionarios de la entidad, que fueron quienes denunciaron a Alvarado. “Cae Alvarado y el gobierno destituye a los denunciantes”, deploró el influyente diario “La Razón”.
Morales puso a cargo de YPFB, eje de la política de nacionalización, a Juan Carlos Ortiz, que fue en 2004 gerente de Petrobras. Esta firma y Repsol están acusadas de haber pactado un acuerdo en los precios de exportación de gas a Brasil que provocó pérdidas a Bolivia por U$S 161 millones. Ortiz, de 38 años, dijo que considera que es factible que se pueda llegar a un acuerdo.
El propio Morales proclamó su decisión de que ambas firmas permanezcan en el país, aunque sujetas a la política de nacionalización. (AFP-NA-REUTER)