Preocupa a la ONU un posible avasallamiento

“A la luz de la información que me ha transmitido el Colegio de Abogados -gran parte de ella de dominio público-, estaría a punto de producirse en Tucumán un claro avasallamiento del ejercicio libre e independiente de la profesión de abogado”. Con estos duros términos comienza la nota que el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Leonardo Despouy, dirigió al vicegobernador Fernando Juri con el fin de pedirle una entrevista, que posiblemente se concretará el martes en esta capital.
Despouy, también auditor general de la Nación, recibió una queja formal del presidente de la institución que nuclea a los letrados, Antonio Bustamante, contra el proyecto de ley que propugna el oficialismo, a fin de quitarle a la entidad profesional el control de la matrícula de sus asociados y entregárselo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
“Se trata de un hecho (en alusión a la iniciativa) que afectaría gravemente la vida institucional del Colegio de Abogados, con su consecuente incidencia sobre la vigencia del estado de derecho y sobre el desempeño libre e independiente de uno de los actores decisivos en la tutela del derecho de defensa”, afirmó Despouy.
Durante su visita a la provincia, el funcionario también intentará dialogar con el gobernador José Alperovich, en el afán de encontrar una solución sin necesidad de poner en marcha un procedimiento propiamente dicho ante la relatoría de la ONU, que él encabeza desde 2003 (ver nota aparte).
En la nota, Despouy advirtió que la queja de los abogados se inscribe en una preocupación generalizada y más amplia sobre las repercusiones o efectos de la última reforma de la Constitución provincial sobre la independencia del Poder Judicial. “Esto constituye una amenaza para el equilibrio de los poderes del Estado, uno de los pilares centrales de la República”, afirmó el especialista internacional.
El relator se declaró competente para intervenir en el caso con un fin: “evitar la concreción de un acto que podría afectar la independencia de los abogados, como resultaría, prima facie, de ser aprobado el mencionado proyecto”.
Despouy recordó a Juri la vigencia de los principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados por la ONU en 1990. “Estos establecen que ‘las asociaciones profesionales de abogados tienen que desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales, y proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas’, para estar en condición de ‘impulsar los fines de la justicia y del interés público’”, manifestó.

Ninguna notificación
El secretario general de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, aseguró que hasta ayer el Poder Ejecutivo no había recibido ninguna comunicación ni pedido de entrevista por parte del funcionario. “No sabemos en qué términos fue formulada la denuncia, pero hablaremos con quien corresponda, porque no hay nada que ocultar. Todo fue hecho de forma abierta y transparente”, aseveró.
Cuando requirió la intervención de la ONU, Bustamante esgrimió que el proyecto en marcha en la Legislatura fue una represalia política contra la demanda que el Colegio de Abogados planteó respecto de una decena de artículos de la nueva Constitución que, según su criterio, atentan contra la independencia del Poder Judicial.

El Partido Socialista (PS) consideró que el proyecto de quitarle al Colegio de Abogados el control de la matrícula profesional y ahogarlo financieramente, es una expresión de la concepción autoritaria del oficialismo respecto del ejercicio del Gobierno.
“Hoy les toca a los abogados, mañana puede ser al Colegio de Ciencias Económicas si expresa su protesta por la política tributaria, o a cualquiera que exprese su opinión adversa sobre algún aspecto de la actual gestión. Rechazamos todo intento de cercenar funciones a las entidades intermedias y le solicitamos al Poder Legislativo que tenga memoria e independencia”, afirmó Rodolfo Succar.
El conductor del PS afirmó que el Gobierno mantiene una actitud hipócrita y no dice cuáles son sus verdaderas intenciones. “Lo que quiere es anular toda opinión que no sirva a sus objetivos. Nuestras instituciones republicanas se van hoy vaciando en contenido y en procedimientos democráticos, transformándose en meras formalidades de una concepción delegativa de las funciones, al margen de la esencia de la soberanía popular, que es la participación de la gente”, denunció.
Succar condenó “las prácticas antidemocráticas de un Gobierno monocolor, en el cual no se acepta la pluralidad ni el disenso, mientras se profundiza el deterioro de los poderes públicos y se afianza la voluntad omnímoda del gobernador José Alperovich, quien se olvidó que la existencia y las atribuciones de los colegios son una sana política de descentralización de un Estado que sería ineficiente en esas funciones”.

Responsabilidad
Gumersindo Parajón aseveró: “la solución al problema de la inseguridad no puede ser dada jamás por la oposición, porque es responsabilidad del Gobierno; en cambio, sólo garantiza la impunidad desatada en la provincia”. “Jamás voy a dialogar con Alperovich, porque es un fascista; no valoriza a la oposición ni a la democracia”, sostuvo.
El líder de Pueblo Unido aseguró que participa de las marchas convocadas por familiares de víctimas de delito porque es invitado. Recordó también que convocó a dirigentes y a legisladores de otros partidos políticos, sin excepción, a concurrir a la plaza Independencia para ser solidarios con el dolor de la gente, pero que son pocos los que asisten porque no quieren pelearse con el gobernador.