La ONU podría entender en el conflicto entre abogados y el PE

La situación institucional de Tucumán puede ser tema de análisis en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Colegio de Abogados solicitó la actuación del relator especial del organismo para la independencia de abogados y jueces, Leandro Despouy, y es probable que venga la próxima semana.
Despouy, auditor general de la Nación y abogado especializado en relaciones internacionales, por su cargo en la ONU es el encargado de relevar la situación de quienes ejercen el derecho en el ámbito privado y en el ejercicio de la magistratura. Sus dictámenes acerca de si los gobiernos respetan los derechos fundamentales en esta área pasan por distintas oficinas de la ONU.
El presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, confirmó que hace una semana solicitó una intervención de urgencia en el conflicto generado con el Poder Ejecutivo luego de que la institución cuestionó judicialmente una decena de artículos de la nueva Constitución. La entidad sostiene que afectan la independencia de la Justicia.
Bustamante esgrimió como prueba de la crisis el proyecto que el oficialismo impulsa en la Legislatura para que la Corte Suprema, y no el colegio -como sucede ahora-, ejerza el control sobre la matrícula de los letrados. Insistió en que esta iniciativa es una represalia política por el cuestionamiento judicial de la reforma constitucional.

Las etapas
Despouy se declaró competente para analizar los planteos. Por ello, ya abrió canales con las autoridades provinciales en el afán de dialogar sobre la cuestión entablada. Como consecuencia, se espera que el funcionario visite Tucumán a mediados de la próxima semana, ocasión en la que será recibido por el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, a quien ya le solicitó una audiencia. Lo mismo se espera que ocurra con el gobernador José Alperovich.
En esta primera etapa, la actuación de Despouy se desarrollará de modo informal; buscará interiorizarse sobre la situación y sugerir vías de solución. No se descarta que, si la tensión no se descomprime, la denuncia pase a la instancia de la ONU propiamente dicha. Este paso implicaría una presentación en Ginebra (con la opinión de Despouy). En ese caso, se harían contactos con la Cancillería Argentina, y esta debería notificar sobre el particular a la Provincia.