La necesidad urgente de medidas

Actualmente, nuestra provincia está viviendo una situación muy grave. No es un secreto para nadie que se halla envuelta en una crisis que carece de precedentes en su historia, por la magnitud que tiene, por las características con que se manifiesta, y por una permanencia en el tiempo que amenaza otorgarle carácter definitivo.
Y sucede que este cuadro se ve todavía agravado (si ello es posible) por la renuncia del gabinete económico en pleno que, para decirlo con la expresión popular, al llegar el fin de semana "apagó la luz" y se retiró definitivamente de las oficinas de la Casa de Gobierno. Además, al despedirse, el ministro del ramo advirtió que, por la devaluación del peso, la deuda pública, que a comienzos de este año era de $1.290 millones, creció a $2.678 millones. Cifra impagable, sin duda (ya que significa satisfacer más de 400 millones este año, sólo en concepto de amortizaciones e intereses), si la Nación no acude en auxilio de Tucumán y le permite refinanciar ese pasivo.
La operatoria FET para canje de bonos está detenida desde hace dos semanas, como se conoce. Esa situación inmoviliza los $60 millones en dichos títulos que tienen depositados los empresarios. Está de más decir que la detención significa un fuerte golpe para la economía general de la provincia, al impedir a las empresas las compras de mercaderías y de insumos que debían pagar con el efectivo proveniente del canje. La traba de la operatoria incide también, frontalmente, en la confiabilidad de los bonos, que constituyen prácticamente la única moneda circulante en nuestro territorio.
Así las cosas, todo indica que la jornada de mañana lunes llegará con el Gobierno a la deriva, aquejado por problemas tan inmediatos como agudos e imposibles de resolver. Como lo son sin duda el pago de sueldos (ya estamos en la segunda semana de setiembre) y los problemas gremiales de la Municipalidad, que por cierto también lo son del Gobierno provincial. Si bien la Nación ha prometido para esta semana el envío de $15 millones, hay que recordar que la planilla salarial es de $27 millones. Y que el Estado debe atender, también, el pago de los cheques diferidos y de parte de los tickets.Una crisis de estas características exige la adopción de medidas urgentes por parte de la conducción de la Provincia. Es decir, esas medidas que hasta el momento no se producen, ya que el equipo gobernante parece envuelto en una especie de quietismo y de indecisión, para nada acorde con la brasa ardiente que tiene entre las manos.
A nuestro criterio, debe pasarse inmediatamente a una instancia de acción. Hablamos de elaborar una estrategia para ir enfrentando este horizonte con recaudos efectivos y de aplicación inmediata. No es misión del periodismo detallar los rumbos que esa acción debe tener; pero sí es preciso remarcar que el Gobierno debe diseñar un plan realista de atención de la emergencia y abocarse a cumplirlo.
Para que así pueda empezar a ocurrir, es obvio que urge la cobertura del gabinete económico, a fin de que exista un equipo que encare la cuestión financiera de la provincia y termine con la grave paralización determinada por la renuncia del titular de esa cartera y de los funcionarios que lo acompañaban.
Somos todos conscientes de que vivimos tiempos en extremo difíciles, y que hay una realidad económica y financiera nacional que acota de modo inquietante las posibilidades de operar. Pero también es verdad que la responsabilidad del Gobierno es conducir la provincia y disponer las medidas necesarias para que ella no se paralice. Hay que emerger del estado de confusión en que nos hallamos, y del que nada bueno puede esperarse.