El debate con el Fondo

La negociación de un acuerdo contingente con el Fondo Monetario para hacer frente a la crisis económica constituye no sólo la más prolongada y laboriosa en casi medio siglo de relaciones de la misma índole con el organismo, sino que se ha convertido en la lección más ilustrativa sobre las graves dificultades y sus causas, que han desacreditado a la República ante la comunidad internacional. El comunicado formal del FMI al término de la reunión en que se resolvió el jueves último dispensar por un año el pago de otra deuda con el organismo, ubica con precisión el estado del problema cuando afirma que la solución reside en un programa respaldado por un "firme consenso político interno". Es la primera vez en casi medio siglo de negociaciones semejantes que el Fondo condiciona prioritariamente a nuestra realidad política la concesión de una ayuda financiera que garantice, de hecho, la seguridad de los compromisos con el país.
Por cierto que en la misma declaración el director gerente del organismo "dio la bienvenida a la gran estabilidad en los indicadores económicos y financieros logrados recientemente, y la mejoría de las finanzas públicas" durante el actual trimestre, pero los miembros del directorio expresaron "la expectativa de que esos progresos recientes podrían ser consolidados rápidamente con la garantía de un consenso político sobre las medidas pendientes para alcanzar un acuerdo". Cuando se alude a un consenso político se está apuntando al silencio de la gran mayoría de precandidatos presidenciales, que esquivan en sus frondosos discursos electoralistas toda definición acerca de cuestiones y alternativas cuya vigencia futura está condicionada por sus eventuales gestiones gubernamentales.
También hay una señal hacia el Congreso, donde el oficialismo se debate frecuentemente en la incertidumbre frente a decisiones del Poder Ejecutivo asociadas con la crisis. No faltan tampoco los mensajes que incluso proponen la ruptura con el Fondo, pero que eluden toda consideración sobre los efectos de un hecho semejante y los medios alternativos para salir de la generalizada decadencia, donde la indigencia social ocupa un lugar estadístico tan sólo atribuible a la irresponsabilidad de tales dirigencias.
No es saludable, igualmente, que en el debate de esa negociación aparezcan observaciones del organismo internacional sobre decisiones judiciales que perturban aparentes soluciones al grave problema del bloqueo bancario mediante el desconocimiento de la propiedad, pues los jueces que las asumen no hacen con ello sino proteger la seguridad jurídica que el propio FMI reclama a la dirigencia política. Cualesquiera que sean los resultados de esa negociación de crédito externo, no pueden eludirse exigencias básicas para reencauzar al país hacia un destino propio de sus condiciones universalmente reconocidas: crecimiento social y económico sostenido, con el marco de un sistema democrático donde el Estado, austero y firme en la preservación de los derechos individuales y sociales, sea un representante fiel de la sociedad libre.
La recuperación del principio que impone el respeto de los compromisos asumidos marca otra de las exigencias más impostergables que la comunidad internacional reclama a los argentinos, responsables en su virtual totalidad de la crisis de dignidad que conmueve a la República, a la que debe ponerse fin a partir del cuarto oscuro, mediante la sentencia del voto responsable.