Peleas en el poder central

Las relaciones entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Aldo Pignanelli, están entrando de nuevo en un espacio de incertidumbre y especulaciones perturbadoras, como consecuencia de enfoques diferentes sobre el rumbo de la política monetaria. Si bien se trata de un tema cuya conducción está asignada autonómicamente al BCRA, su estrecha relación con el económico, donde la crisis del sistema financiero y bancario constituye el eje del debate, determina un espacio común en el que las coincidencias no son fáciles, como demuestra el hecho de que en poco más de un año la institución oficial haya tenido tres presidentes.
Las autoridades del Banco Central -en forma parecida a las de organismos similares de otros países- son designadas con acuerdo del Senado, por un período de seis años y sin dependencia del gobierno de turno, pues en una economía estable la política monetaria y bancaria se desenvuelve con pautas autónomas que, solamente y bajo condiciones muy estrictas, pueden ser observadas por el Congreso.
Sin embargo, ese sistema institucional está siendo, de hecho, cuestionado por las discrepancias -a veces públicas- entre Lavagna y Pignanelli, cuyas visiones y alternativas acerca de las dificultades financieras y del bloqueo del sistema bancario han dado lugar a que se especule nuevamente con el alejamiento del segundo, quien, por añadidura, no cuenta todavía con el correspondiente acuerdo senatorial.
El problema ha vuelto a constituir otra de las causas que interfieren en las negociaciones del acuerdo contingente con el Fondo Monetario Internacional, además de sumar incertidumbre en el sector bancario. Como aconteció con el titular anterior del BCRA, cuya renuncia evidenció una fuerte tendencia del Palacio de Hacienda a restringir la autonomía de la institución, el caso actual tiene parecido sesgo, pero con una diferencia sustancial: el Presidente de la Nación se ha mostrado dispuesto a respaldar a Pignanelli, lo que está dando lugar a que este no se limite a una gestión conservacionista, sino que avance en su ámbito con medidas como un control de cambios menos abierto, no compartidas por la cartera de Economía.
Los analistas más notorios de la situación coinciden en que el ministro Lavagna está tratando de mantener una línea condicente con las exigencias del FMI, mientras el presidente del BCRA ha comenzado a abandonar ese rumbo para asumir una orientación más independiente del organismo internacional, cuya eventual ayuda está siendo puesta en tela de juicio por el propio gobierno. El desenlace de la situación difícilmente sea otro que una nueva crisis en las relaciones del Palacio de Hacienda con la institución financiera, pero en esta oportunidad las consecuencias habrían de ser más graves, al sumarse a una coyuntura política donde el electoralismo partidocrático se está imponiendo hasta el momento a la racionalidad entre las dirigencias más figurativas.
Diversos indicadores económicos y financieros están evidenciando en el segundo semestre que el país ha comenzado a dar señales de recuperación, por más que aún falte un difícil tramo para recuperar la confianza. El mejor servicio que en ese sentido pueden prestar políticamente los responsables oficiales en ese sector, es coordinar sus gestiones, evitando tensionar el adecuado límite que institucionalmente las diferencia.