La pelea por la coparticipación ya está lanzada

BUENOS AIRES.- El ingreso a los tiempos de definiciones de candidaturas previas a la campaña electoral del año próximo viene teniendo por estos días un anticipo que se ha convertido en un clásico a fuerza de las acostumbradas reuniones de funcionarios nacionales y provinciales. Generalmente, estas son coronadas con pactos, acuerdos, compromisos y otras pomposas denominaciones que intentan ocultar el crónico conflicto en torno de las relaciones fiscales federales.
El senador radical mendocino Ernesto Sanz trajo a la actualidad un viejo debate que cruza a los gobiernos nacionales y provinciales desde agosto de 1992, en ocasión de firmarse el primer Pacto Fiscal. Reclamó para las provincias los recursos coparticipables que en ese acuerdo se destinaron a financiar la transición entre los sistemas de seguridad social, equivalentes a un 15 % de la masa coparticipable antes de su distribución primaria. Sanz estimó la deuda de la Nación con las provincias en ese aspecto en $ 6.500 millones.
Por otra parte, desde la provincia de Buenos Aires, tanto a través de su gobernador Felipe Solá cuanto por medios de otros funcionarios de relevancia, se insistió en otra protesta, como es la falta de correspondencia entre lo que el primer Estado argentino aporta a la economía nacional y lo que efectivamente recibe en el reparto, con números que rondan el 40% y el 22% para cada caso.
En complemento de los dos reclamos mencionados, estudios privados advirtieron sobre los efectos que la inflación de los últimos años causó sobre dos ítems de las transferencias a las provincia que, a diferencia del régimen de coparticipación tradicional, fueron establecidos como una suma fija. En ese sentido, la suma fija deducida de la recaudación del impuesto a las Ganancias y el Fondo de Compensación de Desequilibrios Provinciales se mantienen inalterables desde hace 14 años.
Una eventual actualización por inflación de esos fondos no pasaría desapercibida en las cuentas públicas y, si se presta atención al peso electoral de las provincias más perjudicadas, nadie puede asegurar que el tema no figure en la agenda de discusiones de aquí a octubre de 2007.
Más allá de la justicia o no de los reclamos, según la visión de cada lado del mostrador, más allá de las necesidades electorales de los respectivos oficialismos provinciales, la suma de los reclamos cobra una importancia especial a la luz del indisimulado recorte del superávit fiscal en los distritos.
Al respecto, la consultora Economía & Regiones advirtió que en los números consolidados de las provincias "se observa que la reducción del superávit primario ha sido más profunda que la proyectada inicialmente, registrándose una caída del 43% respecto al resultado obtenido en 2004".
"El superávit primario del ejercicio 2005 se redujo a $ 3.692 millones, lo que significa que las provincias ahorraron $ 2.769 millones menos que en el ejercicio 2004 (cuyo superávit primario fue de 6.421 millones)", precisó la entidad dirigida por Rogelio Frigerio (nieto).
Pero el reestablecimiento de las relaciones financieras con el mundo a partir de la reestructuración de la deuda pública también se hizo notar en las arcas provinciales, ya que la caída del resultado financiero ha sido aún más pronunciada (del 63,7%). Esto se debió a que el incremento del pago de los intereses en las provincias fue de $ 1.759,1 millones, lo que generó una caída de $ 3.081,1 millones respecto al excedente financiero generado en 2004.
Como sucede en la mayoría de los casos, la reducción del ahorro se debió a que el aumento los gastos primarios (32,5% fue mayor al de los ingresos (24,1%). Para E&R, la tendencia al deterioro en la solvencia de las cuentas provinciales está generada "principalmente por la acelerada expansión del gasto salarial y por el alto nivel de endeudamiento, y no por una merma en el ingreso de recursos".
"La principal problemática radica en que ninguna de estas dos cuestiones ha sido resuelta en lo que va de 2006. Por el contrario, la deuda no ha sido reestructurada y se ha acelerado la expansión del gasto salarial, motorizada por los aumentos otorgados por el gobierno nacional", añade.
En ese contexto, "la erosión del superávit para el ejercicio 2006 será mucho más acelerada que la proyectada inicialmente, con probabilidades de que algunas jurisdicciones arrojen resultados deficitarios. Si bien el déficit no será sistemático en 2006, sí es probable que lo sea en 2007", alertaron al respecto.
Los datos son más que suficientes para constituir una nueva plataforma de discusión entre la Nación y las provincias. Queda por verse a qué costo.