Rechazan un aumento de las valuaciones fiscales en el agro

La decisión del Gobierno provincial de aumentar las valuaciones fiscales en 70.000 propiedades rurales para mejorar la recaudación del impuesto Inmobiliario no cayó bien en el campo tucumano. Las principales instituciones intermedias que agrupan a productores rurales se manifestaron contra el pedido de un mayor esfuerzo fiscal que formuló la semana pasada el gobernador José Alperovich. El mandatario anunció que a partir de 2007 regirá la revaluación de los inmuebles rurales, que será decidida dentro de los próximos dos meses.
“Ante el desconocimiento del alcance del trabajo realizado para determinar el actual valor fiscal rural, creemos que debe primar la razonabilidad, habida cuenta de la volatibilidad de la actividad agrícola en general”, manifestaron en un documento el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Víctor Pereyra, y el secretario de la entidad, José Frías Silva. “A priori -remarcaron-, si esta medida busca subsanar valuaciones que se encuentran subvaluadas, no lo vemos como algo gravoso en la medida en que no se mantengan las mismas alícuotas que gravaban las propiedades con la valuación fiscal anterior y respetando la uniformidad de zonas productivas”.
La Sociedad Rural señaló que se debe privilegiar la solvencia fiscal de la provincia, pero aclaró que los impuestos patrimoniales de bienes registrables deberían ser la base recaudatoria de la provincia, y que debería producirse una baja gradual de los denominados distorsivos, como Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos”.
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Humberto Sánchez, sostuvo que el anuncio oficial “es claramente una intención de seguir gravando al campo, que ya no da más, porque los márgenes son muy inferiores a lo que se cree”.
“Nos oponemos total y absolutamente a esta medida. La ministra de Economía (Felisa Miceli) dice que tienen que recaudar más, y aquí se castiga a los que producen”, sentenció Sánchez. El titular de UCIT, Sergio Fara, recordó que el agro aún se encuentra en recuperación de la crisis que afectó al sector hasta 2002. “El Estado no debería meter a todos en la misma bolsa, porque si el campo alguna vez no cumplió con los impuestos es porque realmente no podía por la enorme crisis que lo afectó”, dijo.


La SRT opina que si no se decide una baja de los impuestos distorsivos, un aumento de la valuación inmobiliaria y el mantenimiento de la alícuota vigente significarían un incremento de la presión fiscal. “Como esto implicaría un mayor esfuerzo del sector privado, también debería darse el esfuerzo del sector público en bajar y eficientizar sus gastos”, destacó.