En lugar de 558 balances, en 2003 apenas enviaron ocho

El viernes 10 de abril de 2004, con el voto del bloque del Frente Fundacional, la Legislatura facultó al Tribunal de Cuentas para que aprobara las operaciones realizadas por los comisionados durante el período 1991-2003, aun cuando esas transacciones no hubieran contado con la autorización expresa previa del Poder Ejecutivo.
La Cámara estableció que esa convalidación podía ser dada por el propio ente de contralor si se acreditaban los actos administrativos y el destino de los fondos. Precisamente, ese último tema ocupó el centro de la polémica, ya que fue imposible determinar con precisión cuál fue el monto erogado durante esos 12 años abarcados por la ley, a raíz de que, en ese lapso, el Tribunal de Cuentas sólo pudo supervisar el 53% de los balances que debió haber evaluado. Nunca recibió el resto.
Ese incumplimiento alcanzó su pico en 2003, cuando se renovaron todos los cargos electivos provinciales, así como diputados y senadores nacionales. Ese año, el organismo de control debió haber recibido 558 informes de ingresos y egresos de las comunas, pero sólo le llegaron 8.