"No hay ánimos para festejos", se dice desde el Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de la capital tendrá poco por festejar hoy, cuando se cumplen 80 años de su fundación. La fecha recuerda el 17 de julio de 1926, cuando se firmó el acta de creación. Sin embargo, esa experiencia no tuvo continuidad y el Colegio desapareció hasta mayo de 1932; desde entonces desarrolló ininterrumpidamente su actividad.
La entidad está inmersa en una puja con el Gobierno a partir de su denuncia contra la nueva Constitución (específicamente, objeta los institutos del Consejo Asesor de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento), y ahora corre el riesgo de perder el control de la matrícula de los letrados y el de los ingresos diarios por bonos profesionales, lo que es considerado una represalia del oficialismo legislativo.
Debido a la compleja situación institucional no se ha previsto la realización de ningún acto masivo. “Con el proyecto del oficialismo está amenazada la integridad del colegio. No hay ánimo para festejos”, expresó el secretario de la entidad, Francisco García Posse, y cuestionó la oportunidad elegida por el peronismo para impulsar la creación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Lo describió como un nuevo intento de controlar el Poder Judicial, en especial, aquellos fueros que emiten fallos contra los intereses y los objetivos del Gobierno.

Expectativas
Las expectativas políticas en estas horas están centradas en que el presidente de la Legislatura, Fernando Juri, reciba en el menor plazo posible a la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (la Feput está presidida por el ex titular de los abogados Carlos Parajón Canteli). Se busca abrir un canal de diálogo directo con el poder político que permita aliviar las tensiones y encontrar alguna solución.
En las últimas horas, incluso, creció la posibilidad de un encuentro de los profesionales con el gobernador, José Alperovich.

Respaldo de los asociados
El vicepresidente del colegio, Raúl Martínez Aráoz, reivindicó el rol de la institución y aseguró que las acciones adoptadas en defensa de la independencia del Poder Judicial tienen un amplio respaldo de sus asociados.
“No hay uniformidad, sino democracia interna. Que todos opinen lo mismo es autoritarismo. No tenemos dudas de que defendemos una causa en términos correctos ni de que en su mayoría los abogados están de acuerdo con lo que estamos haciendo”, destacó.