“La demanda del Colegio de Abogados es bastante compleja y no alcanzamos a entenderla. Aparentemente, existe una superposición de reclamos; o hay reclamos que, con la ampliación de la demanda, modificaron los primeros planteos”, dijo a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán, al referirse al recurso de la entidad profesional en contra el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jury de Enjuiciamiento.
Indicó, además, que el Poder Ejecutivo es el que debe asumir la defensa en el trámite judicial. Al respecto, recordó que el Colegio de Abogados interpuso el recurso contra la Convención Constituyente, pero que, antes que venciera el plazo para su contestación, la Asamblea reformadora culminó sus tareas. “Entonces, la entidad profesional cambio de sujeto pasivo y pidió que se notifique al PE, por lo que tenemos plazo para responder hasta el 25 de julio”, agregó.
Recalcó asimismo que tiene la obligación legal de asumir la defensa del Estado y que actualmente, junto con los abogados de la Fiscalía, está analizando si el Colegio de Abogados tiene legitimación para promover la demanda. ¿La repartición cuenta con constitucionalistas para responder el planteo o bien con un equipo suficiente?, se le preguntó a Estofán. “No los necesitamos. Contamos con gente de otros ministerios que son constitucionalistas”, respondió.
“No está clara”
El funcionario señaló también que el recurso de los abogados contra el CAM es bastante complejo. “No está muy clara (la demanda) y estamos despiezándola, pero estamos contestando todos los puntos”, señaló. También mencionó que los abogados exigieron en el escrito que se obligue a la Convención a tratar el proyecto sobre el CAM que ellos presentaron. “Pero eso devino abstracto”, acotó.
Interpretación
“Es para discutir”, manifestó Estofán cuando se le preguntó si es imposible que el Ejecutivo designe jueces luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió impedir que se integre el CAM. “Algunos dicen que, si sacan el CAM de la Constitución provincial, queda un vacío; yo digo que no”, señaló, y apuntó que si se eliminara de la Carta Magna el segundo párrafo del inciso quinto del artículo 101, quedaría firme la atribución de nombrar los miembros de la Justicia con acuerdo del Poder Legislativo.
Indicó, además, que el Poder Ejecutivo es el que debe asumir la defensa en el trámite judicial. Al respecto, recordó que el Colegio de Abogados interpuso el recurso contra la Convención Constituyente, pero que, antes que venciera el plazo para su contestación, la Asamblea reformadora culminó sus tareas. “Entonces, la entidad profesional cambio de sujeto pasivo y pidió que se notifique al PE, por lo que tenemos plazo para responder hasta el 25 de julio”, agregó.
Recalcó asimismo que tiene la obligación legal de asumir la defensa del Estado y que actualmente, junto con los abogados de la Fiscalía, está analizando si el Colegio de Abogados tiene legitimación para promover la demanda. ¿La repartición cuenta con constitucionalistas para responder el planteo o bien con un equipo suficiente?, se le preguntó a Estofán. “No los necesitamos. Contamos con gente de otros ministerios que son constitucionalistas”, respondió.
“No está clara”
El funcionario señaló también que el recurso de los abogados contra el CAM es bastante complejo. “No está muy clara (la demanda) y estamos despiezándola, pero estamos contestando todos los puntos”, señaló. También mencionó que los abogados exigieron en el escrito que se obligue a la Convención a tratar el proyecto sobre el CAM que ellos presentaron. “Pero eso devino abstracto”, acotó.
Interpretación
“Es para discutir”, manifestó Estofán cuando se le preguntó si es imposible que el Ejecutivo designe jueces luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió impedir que se integre el CAM. “Algunos dicen que, si sacan el CAM de la Constitución provincial, queda un vacío; yo digo que no”, señaló, y apuntó que si se eliminara de la Carta Magna el segundo párrafo del inciso quinto del artículo 101, quedaría firme la atribución de nombrar los miembros de la Justicia con acuerdo del Poder Legislativo.






