Sube la incidencia federal en las finanzas provinciales

Uno de los rasgos destacados de la evolución de las variables macroeconómicas de los últimos años son los abultados excedentes fiscales obtenidos tanto por el gobierno nacional como por las provincias. Sin embargo, a partir de 2005, las cuentas de las jurisdicciones comenzaron a evidenciar signos de deterioro, mientras que las nacionales siguen acumulando superávit por encima del 3% del PBI. Así lo indica un informe de la consultora abeceb.com.
Esta situación combinada con el incremento de ingresos del gobierno central no coparticipables, provocó que ganaran peso las transferencias a provincias manejadas en forma discrecional por la Nación, señala el diagnóstico privado.
"Si bien la coparticipación creció en los últimos años a tasas elevadas, a la par de la recaudación nacional, se puede observar que lo hizo a un ritmo menor que los giros no automáticos. Por caso, en 2005 los fondos destinados a las provincias en forma automática se incrementaron interanualmente un 23%, muy por debajo del 53% alcanzado por los manejados por el gobierno central", sostiene.
"En el acumulado a mayo de 2006, dichas tasas se ubicaron en 17% y 27% respectivamente. De esta manera, en los últimos años se elevó la participación de las transferencias discrecionales, ubicándose en los últimos años por encima del 30% de los giros automáticos, mientras que entre 1998 y 2002 dicho coeficiente fue del 21%", acota el informe.En este contexto de debilitamiento de la solidez fiscal provincial -dice abeceb.com-, resurgió el debate por la reforma del Régimen Federal de Coparticipación. "Restringiendo la discusión al tema del reparto de fondos entre las jurisdicciones, se puede afirmar que la disputa se encuentra en torno a la distribución de un 10% de la coparticipación -la principal impulsora por ganar puntos en el coeficiente de reparto es la provincia de Buenos Aires, en detrimento de la Nación y de otras jurisdicciones-", puntualizó. Teniendo en cuenta la masa de recursos coparticipados durante el 2005, el monto que se debería redistribuir asciende a cerca de $ 4.900 millones. Dicha suma representa el 45% de los fondos transferidos discrecionalmente por la Nación el año pasado.
De esta manera, si se fijara un criterio de distribución automático de estos recursos entre las provincias, se solucionaría parte de la discusión en torno al reparto de fondos entre el gobierno central y las jurisdicciones. Sin embargo, "el primero no está dispuesto a resignar la libertad que tiene en cuanto a la distribución de los mismos. Más allá de lo mencionado, quedaría pendiente la definición del reparto del monto en cuestión entre las provincias, en comparación con el uso que actualmente le está dando la Nación", considera la consultora privada.
Por otra parte, considerando que en el presente esos recursos son transferidos a las provincias, más allá del cambio de destino de las distintas jurisdicciones, en términos consolidados no se solucionaría el deterioro de sus cuentas.
Otro factor que evidencia la dependencia de las jurisdicciones al gobierno central es la estructura de la deuda de las primeras. "Desde fines de 2002, con la culminación del canje de deuda provincial por BOGAR, la Nación se convirtió en la principal acreedora de las provincias. De esta manera, desde ese año concentra más del 50% de los pasivos de los gobiernos subnacionales, trepando al 67% en junio de 2005", afirmó la consultora.
También contribuyeron a este acrecentamiento la firma de los sucesivos programas de asistencia financiera acordados entre ambos niveles de gobierno. Se debe tener en cuenta que desde 2002, la Nación fue la única fuente de financiamiento para las jurisdicciones.
Originalmente, estas líneas de crédito eran a tres años y su capital se ajustaba por CER. Sin embargo, a partir del impacto que comenzó a tener la inflación sobre estas deudas implicó que se modificaran estas condiciones para los mencionados acuerdos a partir del 2005. Por lo tanto, las nuevas líneas de crédito son a ocho años y son la cláusula de ajuste del capital por CER.
" Se puede concluir que se conjugan una serie de factores que colocan al gobierno central en una posición de firmeza relativa frente a las provincias. De esta manera, es probable que los recursos distribuidos discrecionalmente por la Nación entre las jurisdicciones continúen incrementándose, y no se registren avances en términos de la reforma del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", finalizó el informe privado.