Un mal que es patrimonio de muchos

Por Marcelo Batiz, (agencia DYN). El Parlamento nacional carece de un organismo técnico, que analice el impacto financiero que tienen las distintas variables económicas en la evolución del Presupuesto.

16 Julio 2006
BUENOS AIRES.- La estrategia oficial para fundamentar la defensa de los superpoderes en el debate parlamentario, partió del conocido recurso de quienes no pueden demostrar la inocencia de lo que se los acusa: diseminar la responsabilidad por todos los frentes. Ante la acusación opositora de lo que se considera un nuevo avance del Ejecutivo sobre las facultades del Legislativo, el oficialismo no rechazó ese argumento, sino que lo extendió a todas las gestiones anteriores. Si todos son responsables, nadie es responsable.
Y el hecho de que lo sean -lo que es cierto- no le quita responsabilidad a la actual administración. Por añadidura, si algún legislador hubiese querido basar su exposición en las similitudes que, en ese aspecto, unen a este gobierno con los anteriores, la senadora Cristina de Kirchner le ahorró el trabajo: fue ella la encargada de trazar las comparaciones, en un prolongado repaso de artículos de los diarios que, paradójicamente, critica.
La tentación del Poder Ejecutivo por avanzar sobre atribuciones del Legislativo estuvo desde siempre y, por ello, son necesarios los mecanismos de control y contrapeso propios de la división de poderes. En la administración presupuestaria, el problema se hizo notorio en los últimos años por dos razones: durante décadas, los proyectos de Ley de Presupuesto no se giraron en tiempo y forma y, por otra parte, la elevada inflación tornaba ilusorio cualquier control del gasto. La estabilidad institucional de las últimas décadas trajo consigo -si bien con ocho años de demora respecto del retorno de la democracia- su correlato en el aspecto presupuestario, ya que desde 1991 hasta ahora los proyectos de Ley de Cálculo de Gastos y Recursos se presentaron en tiempo y forma.
Sin embargo, la capacidad de los técnicos de la Secretaría de Hacienda para elaborar el Presupuesto, no guarda relación con la escasa preparación de las Cámaras de Diputados y de Senadores para analizarlo.
Esta preocupación convenció, a muchos, de la necesidad de crear un organismo técnico permanente dentro del Parlamento. Tanto, que los proyectos presentados son de la autoría del ex senador radical Raúl Baglini; del diputado del Frente para la Victoria, Oscar Lamberto, y del bloque Justicialista Nacional, Francisco de Narváez. Y en ese sentido, la reacción de los gobiernos de Duhalde y Kirchner no hizo distinciones partidarias: ambos ignoraron a todos los proyectos por igual.
Al respecto, los economistas Miguel Braun, Luciana Díaz Frers y Gerardo Uña, en un trabajo difundido por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), sostuvieron: "el Congreso tiene limitaciones técnicas y de herramientas tecnológicas e institucionales para evaluar el proyecto de Ley de Presupuesto". "Estas carencias también dificultan las posibilidades de realizar un control real de la ejecución presupuestaria", añadieron. "Resulta fundamental, para el Congreso -puntualizan Braun, Díaz Frers y Uña-, tener capacidad para analizar el impacto económico de las propuestas de ley, la evolución y proyección de la recaudación impositiva, las políticas y programas que influyen en el Presupuesto, y los cambios que el PEN realiza durante la ejecución presupuestaria".
La acotación remite a la práctica de presentar un proyecto de Presupuesto con estimaciones "prudentes" (ex ministro Roberto Lavagna dixit) en la proyección de crecimiento económico. De esa forma, la recaudación impositiva real superaría a la proyectada, lo que daría lugar a una suerte de presupuesto adicional aplicado mediante decretos de necesidad y urgencia.
Pero salvo algunas voces aisladas, nadie advierte en el Parlamento esa situación, porque "en la práctica ocurre que el Congreso aprueba, casi sin modificaciones y sin un debate amplio, el proyecto del PEN. A su vez, el control de la ejecución presupuestaria es prácticamente inexistente, puramente formal", aseguran los investigadores. "Un Congreso más informado y con demandas políticas procesadas, resultaría más eficiente en la toma de decisiones", concluyen. Quizás eso sea lo que incomode.

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