El bloque peronista justifica su proyecto

Los legisladores oficialistas que impulsan el proyecto de traspasar la supervisión de la matrícula de los abogados del Colegio a la Corte Suprema de Justicia justificaron su propuesta en la necesidad del Estado de ejercer esa potestad. “Oportunamente, en base a apreciaciones respecto de ciertas profesiones, se ha venido delegando ese cometido en ciertos colegios. Pero siendo el ejercicio de la abogacía una verdadera función pública, conviene que su control sea recuperado por el Estado, atribuyéndolo a la Corte. No es una propuesta antojadiza”, advirtieron Rodolfo Ocaranza, Oscar Godoy, Sisto Terán, Raúl Hadla, Alejandro Martínez, Sergio Miranda, Juan Siviardo Gutiérrez, Alberto Leal y Aldo Salomón, firmantes de la iniciativa.
Hasta ahora, la matrícula es manejada por el Colegio profesional (abogados de la capital y del Sur y procuradores), que revisaba la legitimidad del título presentado y si el postulante no estaba inhabilitado para ejercer la abogacía o si tenía sentencia judicial definitiva que hiciera inconveniente su incorporación al foro. En el futuro, esa misión pasará a ser desempeñada por la Corte, que será la responsable de “atender, conservar y depurar la matrícula”.
Pese a perder esa función, el Colegio mantendrá la potestad disciplinaria sobre los abogados, podrá seguir atendiendo la defensa y asistencia jurídica de los pobres y seguirá colaborando  con los poderes del Estado.