"El Estado me obligó a recibir los títulos"

Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, recordó que en 1987 actuó como letrado en la causa “Docampo, Carlos A. y otros vs. DNA s/indemnización por daños y perjuicios”. En ese proceso, el Estado nacional (DNA) fue vencido y condenado al pago de costas (incluyen honorarios), según dijo en la nota dirigida a LA GACETA.
Los honorarios, según el magistrado, fueron regulados el 20 de noviembre de 1996. “El Estado nunca los pagó, sino que me obligó a recibir a cambio títulos de la deuda pública. Para hacer ello posible, tuve que abrir una cuenta a mi nombre en la Caja de Valores de Buenos Aires (por expresa indicación del Ministerio de Economía de la Nación). La apertura de la cuenta se hizo efectiva en 1999, con el ingreso de esos bonos”, aseveró.
El magistrado precisó que luego los títulos fueron transferidos, a su nombre, a la cuenta 5.903, de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán (NBCT), empresa en la que trabajaba su cuñada, Patricia Delacroix, “quien manejaba esa cuenta”, según subrayó. “Posteriormente, Patricia Delacroix dejó de desempeñarse como agente de bolsa en la NBCT. Al producirse esa circunstancia, mi cuenta fue transferida a MA Valores, cuenta 7.916, y es aquí donde se produce el error de interpretación: mis títulos no fueron comprados ‘posdefault’, existían en mi patrimonio desde 1999, sólo que los números de cuenta fueron modificándose, según se iban modificando los agentes de bolsa (que son quienes obligatoriamente tienen que intervenir en estas operaciones)”, añadió.

Transformaciones
Insistió en que siempre fueron los mismos títulos, que experimentaron “los avatares bursátiles de compra de otros títulos con la renta, cobro de amortizaciones, etcétera, pero dentro del marco de lo originalmente percibido”. “Tan es así que los bonos fueron denunciados en mis declaraciones juradas patrimoniales ante el Consejo de la Magistratura desde 1999/2000. ¿Cómo podría haber ocurrido ello si los compré, como todos dicen, luego del default?”, preguntó.
En la nota, Jiménez Montilla hizo una aclaración sobre la medida cautelar que dictó a su favor el juez federal Jorge Parache, en noviembre de 2003. “Ella recayó sobre la cuenta 7.916, porque reemplazó a otra anterior, la 5.903. No debe dejarse de tener en cuenta que influye en la comprensión y seguimiento de estas operaciones que las empresas de bolsa hayan cambiado de nombre a lo largo de estos años, transformándose de unas en otras, diferentes todas ellas”, señaló.
Luego, dijo: “no debe caerse en el error de que cobré U$S 121.040,67 y $ 67.506,98 (como se publicó). Esas sumas resultan de sumar los saldos de los cupones sin analizar los movimientos de la cuenta, donde hay débitos y créditos”.