Jiménez Montilla insiste en que actuó correctamente

El jueves, LA GACETA intentó comunicarse con Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación le inició un sumario por la demanda que en 2003 entabló contra el Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos. El consejero Luis Pereira Duarte, que hizo la denuncia que motivó la actuación, dice que los bonos por los que aquél accionó habrían sido adquiridos luego de la declaración del default. Ayer, Jiménez Montilla envió una nota a este diario con su postura.
"Ante el fiscal federal número dos, Carlos Brito, expuse la verdad sobre el origen de los títulos, con la debida y completa documentación. Ello, porque si bien no debo dar explicaciones sobre la gestión de mis derechos patrimoniales, debo también -por ser un magistrado y, en definitiva, un hombre público- explicar de la forma más sencilla y didáctica posible la génesis y desarrollo de la situación fáctica que desembarcó en las acciones judiciales que oportunamente deduje. Los jueces deben ser, como la mujer del César, no sólo honestos, sino también parecerlo", manifestó.
El magistrado insistió en que "la lectura de la historia de la cuenta no debe ser hecha en forma fragmentaria, sino completa, pues de lo contrario se corre el riesgo -transformado ya en daño- de creer que ella sólo existe desde julio de 2003, cuando existe desde 1999". "En ese error caen el abogado del Estado, (Federico) Nazur, y el consejero Pereira Duarte", agregó.

Muchos interrogantes
Jiménez Montilla se preguntó: "trabajé desde 1987 en el juicio ?Docampo? (?El Estado...?), me regularon honorarios en 1996 ($45.000 o U$S 45.000 para la época), me obligaron a aceptar títulos que me depositaron en 1999, solicité una cautelar (por la cual me pagaron unos $ 53.000 y luego $ 30.000 en cupones), ¿y hoy debo soportar el terrible agravio para mi persona (detrás de mí hay una familia con hijos y nietos), mi investidura y mi honra sólo porque accioné por lo que, por derecho, me correspondía? ¿Debía, tal vez, en homenaje a la dignidad de mi investidura, no hacerlo? ¿Es (o no) cuestionable que el Estado me deba dinero, que me pague con bonos, que se declare en default y que, encima, no pueda accionar para cobrarlos?".
Jiménez Montilla aclaró que se hace tantas preguntas, porque luego de 18 años terminó cobrando "menos de la mitad de aquellos dichosos honorarios". "Si hago una relación de costos-beneficios termino arrepintiéndome de haberlos cobrado, pues mi salud, la de mi familia, la estima de amigos y la consideración de la gente en general han sufrido, y ellos son más valiosos que esos bonos", añadió.
Finalmente, inquirió: "¿cómo puedo explicarle a la sociedad la verdad de mi reclamo si las publicaciones periodísticas ya me lapidaron? ¿No sería más apropiado tener cautela (que es también una virtud, en el sentido de cuidado, además de ser una herramienta jurídica y ?astucia, maña y sutileza?), y también prudencia al opinar y publicar? No debe olvidarse que no hay peor mentira que la mitad de la verdad".