La protesta estudiantil

Los secundarios realizaron ayer una marcha por las calles céntricas, en protesta por los días de clase que van perdiendo a causa del conflicto de los docentes provinciales. Estos, como se sabe, ya terminaron de cobrar sus haberes y por ello recién levantaron la huelga (en tanto que SADOP, que nuclea a los particulares, la inició ayer por 48 horas). Postulan los estudiantes, además, que se prorrogue la Ley de Transferencia; que los fondos que remite la Nación para el pago de los docentes transferidos no ingresen a la caja provincial, y que se implemente el boleto estudiantil.
De estos temas, sin duda el más candente es el primero: la pérdida de los días de clase. Si bien hubiera sido más razonable que la marcha se efectuara el martes, cuando no se dictaron clases, y no ayer, justo cuando aquellas se reanudaban, el reclamo merece un comentario.
Los jóvenes, de acuerdo con una idea que nació entre los estudiantes de Tafí Viejo, sostienen un criterio muy claro. El mismo es que el gobierno debe garantizar el pago de haberes a los docentes, de modo que no continúe la merma dramática de días de aprendizaje que los afecta en la actualidad. Nadie puede negar que les asiste profunda razón. Cada vez son menos las jornadas efectivas de clase, problema que preocupa con razón a los padres, y que se reflejará negativamente, sin duda alguna, en la formación de los educandos.
Esto último dado que, como se lo ha hecho notar a menudo, la falta de un aprendizaje pleno en el ciclo secundario eriza fatalmente de dificultades el ingreso a la Universidad, y se manifiesta en falencias de su bagaje intelectual que serán luego muy difíciles de remontar. No se recuerda con la debida frecuencia, en estos conflictos, que en realidad el docente (aunque sea tarde y con bonos) en algún momento termina por cobrar, mientras que el estudiante no recupera nunca lo que debió haber aprendido en esos días de paro.
Y lo más grave es que, dadas las dificultades que acomplejan a las finanzas provinciales, es seguro que el sueldo del mes de agosto habrá de abonarse con un retraso considerable. Lo cual hace suponer que en pocos días más volverán a interrumpirse las clases, y así hasta el fin del período lectivo, que ya está próximo. Es decir que, frente a los jóvenes tucumanos, se abre la perspectiva cierta de sumar este año una deficiencia más a la educación que se supone debían recibir durante el ciclo 2002.
Nos parece que estas cuestiones tienen la entidad suficiente como para preocupar hondamente a los poderes públicos. Mientras en todos los tonos se recomienda a los jóvenes la necesidad de estudiar para ponerse en condiciones de competir en el exigente mundo actual, por el otro se les cierra el camino para obtener ese logro. No puede desentenderse el Estado de estas obligaciones, que tienen, junto con las atinentes a la seguridad y a la salud, un carácter absolutamente prioritario en toda tarea de gobierno.
Hasta el momento, los principales afectados por la interrupción de clases habían permanecido silenciosos. Ahora, se movilizan y reclaman, lo que está indicando la dimensión acuciante que el asunto tiene. Estamos, entonces, ante una reclamación que el Gobierno debe escuchar. Por difícil que ello resulte, han de tomarse las medidas presupuestarias dirigidas a que no vuelva a ser intermitente la prestación educativa entre nosotros.
Hay que recordar, reiteramos, que se está afectando un aspecto fundamental del futuro inmediato de la comunidad. Nuestros jóvenes, que muy pronto deberán asumir otras responsabilidades, deben recibir en los establecimientos públicos una educación ininterrumpida y no caracterizada por las detenciones, como desgraciadamente sucede en la actualidad.