Desde Buenos Aires, llegó la peor noticia para los tribunales tucumanos

Jorge Raúl Parache, Federico Felipe Terán y Carlos Enrique Jiménez Montilla están unidos por un mismo cordón umbilical. El peor escándalo que vivió la Justicia Federal tucumana atraviesa a este trío de magistrados. Cada uno de ellos ha sido rozado por causas que tienen que ver con la adquisición de títulos presuntamente defaulteados. Terán está suspendido. Parache espera su turno en el Consejo de la Magistratura. Y, como no hay dos sin tres, Jiménez Montilla ya tiene quien lo investigue: el senador Nicolás Fernández, el mismo que estudia parsimoniosamente la situación de Parache.
Fue la peor noticia. Otra vez Tucumán. Otra vez la Justicia Federal. Otra vez la lupa sobre un magistrado. Otra vez la incómoda sensación de que algo falla.
Jiménez Montilla tendrá que recorrer el mismo camino que sus colegas en la Capital Federal.
En el Consejo de la Magistratura lo esperan para que dé unas cuantas explicaciones. Fernández tiene en su escritorio la medida cautelar que firmó Parache a favor del cliente del doctor Daniel Martín. Este letrado logró que Jiménez Montilla pueda cobrar la renta mensual de los bonos de consolidación en dólares que su defendido tenía en la cuenta 7.916, de la Caja de Valores SA.
En la demanda, Martín había advertido que urgía conceder esta cautelar, porque la demora en otorgar la medida podía afectar a Jiménez Montilla. Argumentó: “se encuentra constituida la peligrosidad (de la demora) en la imposibilidad de afrontar gastos normales de subsistencia que nos permitían llevar adelante una vida digna. De más está decir que estas restricciones nos significaron entrar en mora con el cumplimiento de numerosas obligaciones adquiridas antes de la entrada en vigor de esta normativa arbitraria”.
No es el único punto que será analizado. En el mismo escrito ante Parache se indica: “esta parte ejerció la opción totalmente valedera, legítima de invertir en los Títulos Públicos Nacionales”. En cambio, cuando el escándalo se desató, Jiménez Montilla advirtió en sede penal, ante el fiscal Carlos Brito, que “los bonos no fueron cobrados efectivamente” y que los había recibido “por honorarios pendientes regulados en 1996”. En Buenos Aires se dilucidará si verdaderamente se trató de una inversión o del cobro de honorarios. Otra vez Tucumán, otra vez Tucson.