Por Redacción Política
08 Julio 2006
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El Colegio de Abogados calificó como una actitud de revancha las iniciativas que impulsa el oficialismo en la Legislatura para retirarle el manejo de la matrícula y el pago anticipado de los bonos profesionales. Vinculó esta situación con el impulso de las causas contra la reforma constitucional y el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que suspendió la integración del cuestionado Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
El secretario general de la entidad, Francisco García Posse, instó a la Legislatura a no avanzar con esos proyectos. Destacó: “esta composición parlamentaria hizo algunos esfuerzos por diferenciarse de la anterior; y ahora esperamos que no se reúna para sancionar a una institución, porque eso no le haría bien a la Provincia ni a la misma Legislatura”.
“Algunos políticos decidieron avanzar en el castigo a las instituciones por tener un criterio o un pensamiento distinto del de ellos. Empezaron con el Poder Judicial, ahora sigue contra el colegio, y probablemente luego vayan contra cada abogado en particular”, advirtió. “Con o sin matrícula, vamos a seguir bregando para que no se avance sobre los magistrados, con todas las acciones legítimas necesarias en defensa de la democracia y los poderes del Estado”, agregó.
Promesas de Raed
El directivo recordó que el legislador peronista Antonio Raed (impulsor de los polémicos proyectos de ley) le prometió a la comisión directiva de los abogados que iba a interceder a favor de los planteos que venían haciendo. “Parece que Raed no ejerció la profesión, porque los bonos están a cargo del abogado y no encarece en nada el proceso para el cliente. Nunca tuvimos ninguna queja de un asociado al respecto”, señaló.
Acerca del impacto económico negativo que le generaría a la entidad, García Posse destacó que la sociedad será la más perjudicada, porque se resentirá la atención jurídica gratuita a los sectores de menos recursos, que se subvenciona con los ingresos de la institución, sin aportes públicos. Por año, unas 3.000 causas se tramitan de ese modo. También se afectaría la biblioteca, el servicio de informática y el personal del Colegio.
El secretario general de la entidad, Francisco García Posse, instó a la Legislatura a no avanzar con esos proyectos. Destacó: “esta composición parlamentaria hizo algunos esfuerzos por diferenciarse de la anterior; y ahora esperamos que no se reúna para sancionar a una institución, porque eso no le haría bien a la Provincia ni a la misma Legislatura”.
“Algunos políticos decidieron avanzar en el castigo a las instituciones por tener un criterio o un pensamiento distinto del de ellos. Empezaron con el Poder Judicial, ahora sigue contra el colegio, y probablemente luego vayan contra cada abogado en particular”, advirtió. “Con o sin matrícula, vamos a seguir bregando para que no se avance sobre los magistrados, con todas las acciones legítimas necesarias en defensa de la democracia y los poderes del Estado”, agregó.
Promesas de Raed
El directivo recordó que el legislador peronista Antonio Raed (impulsor de los polémicos proyectos de ley) le prometió a la comisión directiva de los abogados que iba a interceder a favor de los planteos que venían haciendo. “Parece que Raed no ejerció la profesión, porque los bonos están a cargo del abogado y no encarece en nada el proceso para el cliente. Nunca tuvimos ninguna queja de un asociado al respecto”, señaló.
Acerca del impacto económico negativo que le generaría a la entidad, García Posse destacó que la sociedad será la más perjudicada, porque se resentirá la atención jurídica gratuita a los sectores de menos recursos, que se subvenciona con los ingresos de la institución, sin aportes públicos. Por año, unas 3.000 causas se tramitan de ese modo. También se afectaría la biblioteca, el servicio de informática y el personal del Colegio.
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