Propuestas inconstitucionales

Una de las particularidades inquietantes del quehacer político que distinguen a nuestra presente realidad es la falta de seriedad e inconsistencia de las postulaciones más ruidosas. Un ejemplo notorio es la pretensión de que no se pague la deuda pública, eludiendo toda reflexión sobre las consecuencias que algo tan arbitrario podría tener para el país. Pero más elocuente que lo señalado es la insistencia en "que se vayan todos", a la vez que se exige acortar el plazo electoral, agregándose en ciertos casos alguna reforma institucional cuya complejidad obligaría a posponer las urnas más allá del calendario oficial previsto.
Uno de los promotores más activos de la caducidad total de los mandatos electivos reclama un plebiscito mediante decreto, cuyo resultado sería vinculante, pero, como en casi todas las propuestas, hace caso omiso de las condiciones expresas establecidas por la Carta Magna, donde fundamentalmente se establece en su artículo 22 que "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución".
Si no fuera porque el estilo ligero y hasta frívolo que está asumiendo el discurso político durante la crisis nos tiene acostumbrados a las improvisaciones más audaces, podría deducirse que algunas de esas convocatorias singulares configuran lo que ese artículo califica como sedición o, al menos, que ciertos dirigentes no valoran adecuadamente lo que representa el orden institucional para la democracia.
De los 12.000 cargos electivos existentes, la próxima convocatoria electoral será para renovar 9.200, es decir, el 81,3%. Esa proporción constituye el máximo posible del relevo de mandatos que, de acuerdo con el espíritu de la Constitución, permite mantener la continuidad institucional sin interrupciones bruscas en el sistema. Las razones que ciertos sectores políticos invocan para que "se vayan todos", incluyen un motivo aparente, es decir, la descalificación total de los actuales representantes; y otro, realista, que algunos no ocultan: si se accede al gobierno es menester asegurarse la mayoría parlamentaria.
Posición menos agresiva constitucionalmente es la de quien propone un acuerdo de toda la dirigencia política para declinar los mandatos pero, sin duda, se trata de una alternativa bastante ingenua, si no de una fuga de la realidad ineludible que significa la vigencia irrestricta del orden constitucional.
Si bien los efectos más inmediatos de la crisis sobre la comunidad nacional son de carácter económico y, consecuentemente, social, y que la urgencia mayor no debe ser otra que superarlos en el menor tiempo posible y atendiendo a los sectores más castigados, no es posible ignorar o eludir las causas profundas de esa realidad. Es decir, la violación reiterada y manifiesta del orden y la seguridad jurídicos, hasta avasallar derechos esenciales como el de propiedad, mediante decisiones del propio Estado.
Es en este punto donde buena parte de esas dirigencias sedicentemente salvadoras se muestran ausentes, pues no sólo ignoran la Constitución en sus mensajes, sino que proponen alternativas manifiestamente inconstitucionales, cuando no contradictorias entre sí, demostrando que todavía no han asumido las lecciones más elocuentes de la crisis que está llevando al país a su decadencia.