La fractura interna amenaza, otra vez, al bloque legislativo oficialista

Las iniciativas del oficialismo tendientes a mermar el poder del Colegio de Abogados generaron fuertes tensiones en la Legislatura. Los roces se produjeron incluso dentro del bloque del PJ, donde los alperovichistas adoptaron la posición más dura y de confrontación, mientras los juristas expresaron fuertes reservas y deslizaron que no apoyarían las propuestas para afectar a la entidad profesional. La situación indirectamente pondría en veredas distintas al gobernador José Alperovich y al vicegobernador Fernando Juri, ya que sus acólitos están distanciados a raíz de estas iniciativas.
Los proyectos de ley todavía no ingresaron formalmente por mesa de entradas, pero ya circulan borradores. Consisten en retirarle al colegio profesional el manejo de la matrícula de los letrados, responsabilidad que pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia, y diferir el pago de los bonos profesionales (ver  “Polémica...”) al final de un proceso, en vez de hacerlo al comienzo, como rige actualmente.
En el primer caso, el argumento es que en la nueva Constitución el Estado se reserva la administración de la matrícula, pudiendo o no delegarla. En el segundo, se lo justifica como un intento de reducción de los costos para litigar.
Sin embargo, ambas acciones derivarían en una asfixia económica para el colegio, ya que son sus dos fuentes de ingreso más importantes. Mientras que el pago de la matrícula es anual (y absorbe la cuota societaria), los bonos son los fondos constantes y continuos que recibe la institución.

Explicación oficial
El peronista Antonio Raed admitió que él está elaborando las iniciativas en debate, aunque aclaró que todavía no hay nada decidido en la bancada ni plazo para hacerlo. Negó que sea un ataque a la entidad profesional de la cual es socio ni una revancha por la causa abierta contra la reforma.
El legislador declaró que su objetivo al modificar el modo de pagar las tasas es facilitar los litigios, lo que calificó como una aspiración de viejísima data. Aseguró que el colegio seguiría cobrándola, pero al final del proceso y no al comienzo, y ejemplificó con un argumento matemático: “el orden de los factores no altera el producto”.
“Las entidades profesionales han sido jerarquizadas en la Carta Magna con la obligatoriedad de la colegiación. En otro plano, se dejó claramente establecido que el control de la matrícula lo tiene el Estado y lo delega o no por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, que sólo él puede ponderar. Ningún diseño actual le otorga a entidad alguna un derecho adquirido, ya que es una autolimitación potestativa”, explicó.

Acciones políticas
El legislador de FR, Carlos Canevaro, anticipó el rechazo a las propuestas que afecten al Colegio de Abogados. Consideró que el oficialismo acciona con mensajes ocultos y actitudes prepotentes para desmantelarlo.
“Cuando desde el Ejecutivo les dicen a los jueces que no van a sacarles el 82% móvil de su jubilación, suena a amenaza y a extorsión. Les advierten que no deben fallar contra las decisiones políticas que toman, porque, sino, pueden hacer algún tipo de travesura, lo que rompe con los principios republicanos, porque los funcionarios se inmiscuyen en otro poder para invadirlo”, señaló.

Confesión de parte
“Lo venimos diciendo desde hace tiempo: en Tucumán, pocas personas manejan todo y las instituciones no existen. Antes, según Sisto Terán, Ramón Ortega designaba a su antojo a los jueces; y hoy lo hace Alperovich, con su escudero Edmundo Jiménez. A confesión de parte, relevo de pruebas”, afirmó el legislador Pedro Stordeur (Recrear), quien repudió los dichos de su par Terán acerca de la falta de independencia de los jueces.