Todas las miradas apuntan hacia los tribunales

El panorama de las distintas causas judiciales abiertas contra la reforma de la Constitución provincial arroja un punteo de temas conflictivos comunes. Las objeciones presentadas tienen varios actores y diverso nivel de avance, según cada expediente. Pero todas coinciden en objetar la constitucionalidad de un mismo puñado de artículos, en torno de los cuales deberán fallar los magistrados.
Actualmente, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo se tramitan las denuncias del Colegio de Abogados; de Oscar López (una copia fue girada al fuero penal) y de Roberto Sobre Casas (Ciudadanos Independientes), Esteban Jerez, Martín Méndez Uriburu (PRO), Liliana Signorelli de Aráoz (Acción por la República) y María Victoria Bestani, interpuesta en forma conjunta. En la Corte Suprema se radicaron los planteos de Defensa Provincial Bandera Blanca (Exequiel Avila Gallo y Luis Ortiz) y de los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán. El máximo tribunal analiza, además, una denuncia del legislador Rodolfo Danesi (CI) contra la elección de convencionales constituyentes, que podría hacer caer toda la reforma.
La motivación general de las acciones es que la reforma devino inconstitucional porque se violaron principios republicanos previstos en la Carta Magna Nacional y los acuerdos internacionales incorporados a la legislación vigente. Denunciaron que los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo) obtuvieron potestades que avanzan sobre la independencia del Poder Judicial. En todas se hizo reserva de acudir a la Corte de la Nación.
En las causas se coincidió en cuestionar las instituciones del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y del Jurado de Enjuiciamiento (JE), cuerpos que estarán integrados por una mayoría de representantes del PE y de la Legislatura, según lo dispuesto por el decreto 1.820, firmado por el gobernador José Alperovich y por el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, y por los convencionales constituyentes, respectivamente.

Destitución diferenciada
En las presentaciones también se cuestionó el régimen parlamentario diferenciado para el proceso de destitución de funcionarios y miembros de la Corte (se exigen 2/3 de los votos del Tribunal de la Legislatura) frente al de gobernador y vice (3/4 partes de ese mismo cuerpo), lo que es considerado discriminatorio.
Otros temas objetados en varias causas apuntan a la nueva conformación de la Junta Electoral Provincial (JEP), con el ingreso del fiscal de Estado (funcionario del PE) en vez del ministro Fiscal de la Corte Suprema; y la inclusión del sistema de enmiendas a la Ley Fundamental por parte de una mayoría calificada de la Legislatura, lo que sería incompatible con el tradicional régimen de Constitución rígida, sólo modificable por una Convención Constituyente autónoma.
En ciertas demandas, se cargó contra la habilitación de dos reelecciones consecutivas para los funcionarios y legisladores que actualmente están en el poder (los futuros sólo podrán tener una reelección); el régimen electoral de acople (lo interpretan como un sistema de sublemas encubierto); la determinación de la dieta de los legisladores; la ampliación de privilegios e inmunidades a concejales y a intendentes; y la promulgación parcial de leyes.