02 Septiembre 2002 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La pregunta de U$S64.000 es "si esta economía puede funcionar siguiendo la tan antigua como eficaz -para quienes estén en condiciones de hacerla cumplir- regla de la multiplicación de los panes y los peces".
Otra formulación de la misma pregunta, sería: "¿puede la economía argentina devolver dinero a todos los que lo exigen judicialmente, por haber sido desapoderados de él?Siguiendo la tan antigua como eficaz -para quienes estén en condiciones de hacerla cumplir- regla de que la Justicia es dar a cada uno lo suyo, la respuesta tendría que ser siempre que sí, sí, sí. Ya no sería la pregunta de U$S64.000, sino de 64.000 millones. Es más, no hay otra respuesta concebible... hasta tanto se examine su viabilidad.
No hay pesos, no hay dólares, no hay bonos, que puedan contemplar todas las exigencias, ni aun una mínima parte de ellas. Pero esa es una respuesta muy difícil y hasta imposible de dar, porque quienes la den serían acusados de infringir la más elemental justicia.
Y así razonan los jueces. No es tarea de ellos determinar de dónde saldrán los recursos. Que se ocupe el Poder Ejecutivo de tan aburrida tarea.
Todos los amparos judiciales, por supuesto, tendrían que encontrar inmediata correlación en la entrega de sus depósitos a los ahorristas en la moneda de origen. Y todos los fallos relativos a la restitución de rebajas salariales estatales o de jubilaciones, también deberían ser satisfechos integralmente, sin demoras y contemplando también lo retroactivo. Claro que muchos empleados del sector privado también han sufrido rebajas salariales y muchos de ellos no fueron incluidos en el aumento temporario de $100 que rige hasta fin de año porque sus patrones están en procedimiento de crisis.
Las soluciones
El problema de quienes no habían llegado a litigar se resuelve yendo de lo particular a lo general, es decir, una vez resueltos todos los casos judicializados, solucionar los que no llegaron a pasar por la Justicia.
Con respecto a los créditos, sean los de vivienda, sean los personales o sean los de inversión destinados a comprar maquinaria, no hay otra respuesta posible que pesificarlos integralmente, puesto que nadie que pidió un préstamo bancario o extrabancario, podía haber previsto una situación como la que se vivió a partir del 1º enero con alteración total y terminal de los parámetros monetarios. Si los bancos alegan que no tienen plata y que se están fundiendo, que busquen plata en sus casas matrices para que estas se hagan responsables, según un último fallo de un juez federal cordobés.
Si se generan grandes diferencias por pesificación asimétrica, bueno, que las paguen las entidades o en última instancia el propio Estado, pero, eso sí, no en bonos, porque los títulos públicos argentinos no valen nada.
Desde ya que es necesario suspender y eventualmente prohibir indexaciones, sean por el CER o por el CVS o por cualquier otra cláusula, lo que se aplica especialmente para tranquilizar a los inquilinos y a quienes estén pagando contratos de ahorro previo.
Si llega un momento en que las empresas inevitablemente quiebran, en ese caso que se prohíban las ejecuciones y remates y que todo quede congelado.
Y un último "temita" de no menor envergadura: que las tarifas de servicios públicos preferentemente no aumenten nunca y, si lo hacen, que sea en microscópicas proporciones y más cerca de fin de año, y que las empresas que prestan esos servicios busquen en alguna parte los recursos necesarios para mantener la calidad y la cantidad de las prestaciones, a pesar de que los insumos son en dólares y que estos antes se pagaban al 1 a 1 y ahora al 1 a 3,60.
Pero si no pueden mantener la calidad y cantidad de sus servicios, bueno, que rebajen las inversiones si eso es necesario para que no toquen las tarifas. Esto último fue un desafortunado agregado que introdujo el ministro Roberto Lavagna a este cóctel tan novedoso como explosivo.
Otra formulación de la misma pregunta, sería: "¿puede la economía argentina devolver dinero a todos los que lo exigen judicialmente, por haber sido desapoderados de él?Siguiendo la tan antigua como eficaz -para quienes estén en condiciones de hacerla cumplir- regla de que la Justicia es dar a cada uno lo suyo, la respuesta tendría que ser siempre que sí, sí, sí. Ya no sería la pregunta de U$S64.000, sino de 64.000 millones. Es más, no hay otra respuesta concebible... hasta tanto se examine su viabilidad.
No hay pesos, no hay dólares, no hay bonos, que puedan contemplar todas las exigencias, ni aun una mínima parte de ellas. Pero esa es una respuesta muy difícil y hasta imposible de dar, porque quienes la den serían acusados de infringir la más elemental justicia.
Y así razonan los jueces. No es tarea de ellos determinar de dónde saldrán los recursos. Que se ocupe el Poder Ejecutivo de tan aburrida tarea.
Todos los amparos judiciales, por supuesto, tendrían que encontrar inmediata correlación en la entrega de sus depósitos a los ahorristas en la moneda de origen. Y todos los fallos relativos a la restitución de rebajas salariales estatales o de jubilaciones, también deberían ser satisfechos integralmente, sin demoras y contemplando también lo retroactivo. Claro que muchos empleados del sector privado también han sufrido rebajas salariales y muchos de ellos no fueron incluidos en el aumento temporario de $100 que rige hasta fin de año porque sus patrones están en procedimiento de crisis.
Las soluciones
El problema de quienes no habían llegado a litigar se resuelve yendo de lo particular a lo general, es decir, una vez resueltos todos los casos judicializados, solucionar los que no llegaron a pasar por la Justicia.
Con respecto a los créditos, sean los de vivienda, sean los personales o sean los de inversión destinados a comprar maquinaria, no hay otra respuesta posible que pesificarlos integralmente, puesto que nadie que pidió un préstamo bancario o extrabancario, podía haber previsto una situación como la que se vivió a partir del 1º enero con alteración total y terminal de los parámetros monetarios. Si los bancos alegan que no tienen plata y que se están fundiendo, que busquen plata en sus casas matrices para que estas se hagan responsables, según un último fallo de un juez federal cordobés.
Si se generan grandes diferencias por pesificación asimétrica, bueno, que las paguen las entidades o en última instancia el propio Estado, pero, eso sí, no en bonos, porque los títulos públicos argentinos no valen nada.
Desde ya que es necesario suspender y eventualmente prohibir indexaciones, sean por el CER o por el CVS o por cualquier otra cláusula, lo que se aplica especialmente para tranquilizar a los inquilinos y a quienes estén pagando contratos de ahorro previo.
Si llega un momento en que las empresas inevitablemente quiebran, en ese caso que se prohíban las ejecuciones y remates y que todo quede congelado.
Y un último "temita" de no menor envergadura: que las tarifas de servicios públicos preferentemente no aumenten nunca y, si lo hacen, que sea en microscópicas proporciones y más cerca de fin de año, y que las empresas que prestan esos servicios busquen en alguna parte los recursos necesarios para mantener la calidad y la cantidad de las prestaciones, a pesar de que los insumos son en dólares y que estos antes se pagaban al 1 a 1 y ahora al 1 a 3,60.
Pero si no pueden mantener la calidad y cantidad de sus servicios, bueno, que rebajen las inversiones si eso es necesario para que no toquen las tarifas. Esto último fue un desafortunado agregado que introdujo el ministro Roberto Lavagna a este cóctel tan novedoso como explosivo.





