El respeto a la ley

Si aspiramos a vivir dentro de una sociedad civilizada, la única pauta que debe enmarcar las acciones de los ciudadanos, en toda circunstancia, debe ser la proporcionada por la ley. Fuera de ese marco, no existen más que el caos y el peligro cierto de la disolución social.
Estos principios se repiten a menudo, pero resulta grave advertir que cada vez se aplican menos en la práctica. En nuestro "Panorama Tucumano" de ayer se analizaba la situación creada por un grupo de varios centenares de remiseros que aplican sus propios códigos, que portan armas de fuego y que ejercen su propia "justicia", y que no trepidan en atacar a los policías si lo consideran necesario. Hace una semana, en Villa Mariano Moreno, ocurrió un nuevo episodio protagonizado por ellos y del que proporcionamos abundante información.No necesita nuevos calificativos el momento actual que vive la sociedad argentina, ni es del caso detenerse una vez más a describir las características de la tremenda crisis económica y social en que estamos todos inmersos. Es visible también que dicha crisis se ha trasladado al terreno del respeto a la ley, abriendo una instancia que es la más preocupante de todas. Se ha formado, en ese sentido, una cadena, que empieza con el descrédito de la autoridad y sigue con una obediencia cada vez más tenue a lo que ella dispone.
De tal manera, corren por nuestras calles todas las expresiones anunciadoras del caos. No se respeta la ley porque se desconfía de quienes la establecieron y de quienes están encargados de aplicarla. Cuando esto se instala también en lo referido a la seguridad pública, a la población la invade, comprensiblemente, una situación de azoramiento, pues se pregunta hasta qué extremos puede llevarla semejante tesitura. Paradójicamente, en teoría nos estamos preparando, a la vez, para el acto fundamental del sistema democrático, que es la designación, por medio del voto, de las autoridades que han de regir nuestros destinos.
Es obvio decir que urge un profundo cambio en el actual estado de cosas, y que ese cambio no puede esperar a la realización de las elecciones, sino que debe operarse ahora mismo. El Estado, en todos sus niveles, ha de abocarse a hacer cumplir la ley por parte de absolutamente todos sus ciudadanos. Y dejar claro que nadie puede considerarse por encima de ella, más allá de los cuestionamientos -justificados o no- que le suscite el actual sector gobernante.Esto quiere decir, concretamente, que el único que puede utilizar la fuerza es el Estado por medio de sus organismos legales, por ejemplo. Y que quien intente sustituirlo se pone fuera de la ley, situación por la que debe ser responsabilizado y sometido a la Justicia, sin miramiento alguno. En una democracia, el descontento y la crítica de la ciudadanía tienen maneras establecidas para manifestarse y ellas son las únicas lícitas. Por cierto que corresponde al poder público cuidar que esto se cumpla férreamente y en todos los casos.
Justificadamente, nos preocupa el futuro de la comunidad nacional. Pero debemos tener claro que, en estos comienzos del tercer milenio y cuando existe suficiente experiencia histórica sobre tales temas, no existe otro camino para marchar hacia un porvenir positivo que es el que marca la ley. Una ley que se debe acatar siempre, y no únicamente cuando consideremos que satisface a nuestros intereses. Cualquier otra vía no contiene más que la disgregación como horizonte inmediato, y el marginamiento fatal de nuestro país del ámbito de las naciones adecuadamente organizadas. No debemos agravar la dramática instancia en que nos hallamos, sumando, a la durísima realidad económica y social, el desdén por las normas que reglan la convivencia.