Por repetido, el escándalo del sábado pasado en Villa Mariano Moreno generó una reacción sorda en una sociedad aletargada. Pero no deja de ser alarmante. Cien remiseros, armados con pistolas y una escopeta recortada, detuvieron a un sospechoso de asalto, les dieron una paliza a dos policías que intentaban detener al presunto asaltante y se llevaron el auto que había sido usado por los delincuentes.
Después se fueron y sus abogados se encargaron de acomodar los problemas ante la Justicia, que citó a los remiseros y hasta pidió detenciones. Pero el operativo del sábado tuvo un efecto claro y respondió a una práctica usual. Primero me defiendo; después, si aparece la Policía, veré qué hago.
Esto muestra el poco respeto que le tienen los remiseros a la Policía. La comunidad en general no respeta sus instituciones, pero en este caso es peor. En junio los remiseros no tuvieron reparos en rodear la Dirección de Investigaciones para rescatar a un chofer detenido, así como hace un lustro fueron capaces de cercar la Jefatura de Policía. Cada vez que los remiseros tienen un problema, reaccionan como un clan y se enfrentan con quien sea. Si uno es amigo de ellos, no hay drama. Pero si está en la vereda de enfrente...
Ese poco respeto por la fuerza de seguridad puede tener un sinfín de motivos, pero el primero es, sin duda, el hecho de que los hermanos Ale crecieron negociando y enfrentándose con los policías. Muchos agentes y oficiales trabajaron siempre para ellos y ambos grupos conocen sus códigos a la perfección. Y desde 1995, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo que absolvía a los hermanos de un cargo de asociación ilícita, para la Justicia tucumana quedó claro lo que dijo Said Ale: "mis hijos no son delincuentes".
Esa sentencia parece haberse extendido a todos los remiseros que trabajan con ellos, ya que son varios los casos en los que no se hizo nada. Hace varios años hubo un fiscal, incluso, que no quiso detener un remise que estaba lleno de armas porque dijo que hacía falta una orden de allanamiento de un juez. A pesar de que el remise estaba rodeado por policías que, a la vez, estaban rodeados por otros remises.
Ministros amigos
Hoy este grupo tiene un poder mayor que hace unos años. No se trata sólo de 800 remises y que casi todos sean ilegales. A fin de cuentas esa ilegalidad es compartida por empresas de ómnibus y otros autos "truchos", y responde al poco respeto por la ley que tenemos los argentinos. El problema va más allá. El grupo creció junto a un sector del peronismo; fue socio con el ex ministro de Gobierno Antonio Guerrero para devaluar la propuesta municipal de traer a la Gendarmería para hacer controles y ahora grita su amistad con el ministro Fernando Juri. Este lo reconoce y ante el ataque se quedó callado, porque, al parecer, el detenido sería delincuente. Pero... ¿y si se equivocan? ¿Y si el procedimiento de detención -absolutamente irregular- cae por defectos legales? ¿No debe el ministro de Gobierno garantizar la legalidad de los procedimientos? Cuando asumió, prometió que no permitiría cosas ilegales. Pero no sospechaba que tendría que poner a prueba la amistad.
Algunos dicen que son una mafia. Ellos no dicen nada. Se defienden con las mismas excusas que tiene toda la sociedad para evadir impuestos o para actuar en forma ilegal. Me protejo solo, porque la Policía no lo hace; soy ilegal porque la sociedad me empujó a esto, y presiono sectorialmente a las autoridades porque todos los otros sectores lo hacen. El problema es que han formado un ejército, que su mundo se rige por sus propios códigos y que en más de una ocasión las mismas autoridades han tenido que recurrir a ellos, reconociendo su poder. Muestran en forma brutal la desintegración del Estado y el inquietante crecimiento de la ley del más fuerte entre nosotros.
