La Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el planteo del legislador Rodolfo Danesi de que se declaren inconstitucionales los comicios de convencionales constituyentes de febrero pasado, lo que hubiese hecho caer toda la reforma de la Carta Magna. Pero, en la misma sentencia, giró a la Justicia penal la denuncia del referente de Ciudadanos Independientes (CI) sobre la presunta comisión de delitos electorales por parte del gobernador José Alperovich y de la dirigencia oficialista de primera línea (funcionarios, legisladores, intendentes y concejales).
El máximo tribunal desestimó in límine la acción declarativa de inconstitucionalidad, y también la medida cautelar que pidió Danesi, por entender que la vía judicial elegida no era la apropiada, sin avanzar sobre el fondo de la causa.
La Corte remitió el expediente al juez de instrucción penal de turno en el momento de la votación, para que actúe atento a la jerarquía de los acusados. Recordó que el propio Danesi pidió que no se analicen los hechos aisladamente, sino en conjunto o de forma integral, sustento para remitir el expediente al fuero penal. “Lo que se denuncia puede describirse como una serie de conductas u omisiones que configurarían un cuadro presuntamente delictivo vinculado a materia electoral, del que el Poder Ejecutivo habría sido activo partícipe o responsable en un deliberado plan defraudador para vulnerar la voluntad general”, advirtió.
En ese contexto se abarcó a los cuestionamientos de los mecanismos de control administrativo y judicial, a lo referido a la propaganda o publicidad oficial, y a la compra de voluntades.
Los jueces supremos destacaron que con la acción declarativa de inconstitucionalidad se pretende hacer cesar el estado de incertidumbre acerca de la inconstitucionalidad de una relación jurídica, sin abarcar la esfera penal. Recordaron que Danesi ofreció como prueba documental el expediente que tramita ante el fiscal Alejandro Noguera, donde él denunció los delitos de coacción, malversación de caudales públicos, la exhortación a votar de determinada manera y enriquecimiento ilícito cometidos por intendentes, concejales, legisladores y funcionarios del PE.
Apelación en marcha
“La Corte desestimó la demanda de inconstitucionalidad que presenté, pero consideró que los hechos y omisiones denunciados configurarían un cuadro presuntamente delictivo, lo que genera beneplácito”, sostuvo Danesi.
El legislador opositor anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación y que llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esos tribunales superiores declaren que la Provincia omitió inconstitucionalmente garantizar la pureza del sufragio y el derecho humano a participar en elecciones libres y auténticas. Insistió en que se deben anular las elecciones de febrero y todo lo actuado por la Convención.
La advertencia del referente de Participación Cívica a Alfredo Carlos Dato se enmarca en la polémica acerca de si hace o no falta jurar la reforma. Por lo pronto, Dato no estará esta semana en el país, y no se sabe si algún miembro de la Corte concurrirá al acto oficial del miércoles, en la Casa Histórica.
Courel recordó que la Convención Constituyente aprobó una resolución mediante la cual la jura del texto por parte de las cabezas de los tres poderes del Estado. Consideró que esa norma “fue dictada en el marco de la supremacía inherente al Poder Constituyente”.
“El acto de jura no es una mera formalidad sino un requisito esencial; las actuaciones que lleven a cabo quienes no participen de esa ceremonia serán ilegales. No deriva en adhesión ideológica alguna, ya que se puede estar de acuerdo o no con el texto”, sostuvo.
El máximo tribunal desestimó in límine la acción declarativa de inconstitucionalidad, y también la medida cautelar que pidió Danesi, por entender que la vía judicial elegida no era la apropiada, sin avanzar sobre el fondo de la causa.
La Corte remitió el expediente al juez de instrucción penal de turno en el momento de la votación, para que actúe atento a la jerarquía de los acusados. Recordó que el propio Danesi pidió que no se analicen los hechos aisladamente, sino en conjunto o de forma integral, sustento para remitir el expediente al fuero penal. “Lo que se denuncia puede describirse como una serie de conductas u omisiones que configurarían un cuadro presuntamente delictivo vinculado a materia electoral, del que el Poder Ejecutivo habría sido activo partícipe o responsable en un deliberado plan defraudador para vulnerar la voluntad general”, advirtió.
En ese contexto se abarcó a los cuestionamientos de los mecanismos de control administrativo y judicial, a lo referido a la propaganda o publicidad oficial, y a la compra de voluntades.
Los jueces supremos destacaron que con la acción declarativa de inconstitucionalidad se pretende hacer cesar el estado de incertidumbre acerca de la inconstitucionalidad de una relación jurídica, sin abarcar la esfera penal. Recordaron que Danesi ofreció como prueba documental el expediente que tramita ante el fiscal Alejandro Noguera, donde él denunció los delitos de coacción, malversación de caudales públicos, la exhortación a votar de determinada manera y enriquecimiento ilícito cometidos por intendentes, concejales, legisladores y funcionarios del PE.
Apelación en marcha
“La Corte desestimó la demanda de inconstitucionalidad que presenté, pero consideró que los hechos y omisiones denunciados configurarían un cuadro presuntamente delictivo, lo que genera beneplácito”, sostuvo Danesi.
El legislador opositor anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación y que llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que esos tribunales superiores declaren que la Provincia omitió inconstitucionalmente garantizar la pureza del sufragio y el derecho humano a participar en elecciones libres y auténticas. Insistió en que se deben anular las elecciones de febrero y todo lo actuado por la Convención.
Advertencia de un convencional oficialista al Poder Judicial
“Si el presidente de la Corte Suprema de Justicia se niega a prestar juramento del nuevo texto de la Carta Magna, sería un menoscabo a las instituciones democráticas, al estado de derecho, a las tradiciones históricas y al sentido elemental de identidad y pertenencia que debe ser orgullo de todo ciudadano”, afirmó el convencional constituyente Carlos Courel.La advertencia del referente de Participación Cívica a Alfredo Carlos Dato se enmarca en la polémica acerca de si hace o no falta jurar la reforma. Por lo pronto, Dato no estará esta semana en el país, y no se sabe si algún miembro de la Corte concurrirá al acto oficial del miércoles, en la Casa Histórica.
Courel recordó que la Convención Constituyente aprobó una resolución mediante la cual la jura del texto por parte de las cabezas de los tres poderes del Estado. Consideró que esa norma “fue dictada en el marco de la supremacía inherente al Poder Constituyente”.
“El acto de jura no es una mera formalidad sino un requisito esencial; las actuaciones que lleven a cabo quienes no participen de esa ceremonia serán ilegales. No deriva en adhesión ideológica alguna, ya que se puede estar de acuerdo o no con el texto”, sostuvo.
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