Amplían el dictamen acusatorio

El jueves, antes de que comenzara el plenario del Consejo de la Magistratura, una asesora del senador nacional Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador de Salta) colocó arriba de las carpetas de los otros consejeros un texto, que sintetizaba los fundamentos de su voto a favor de que el juez Felipe Terán fuera sometido a un proceso de destitución. El hecho sorprendió porque, durante el pleno anterior, el del 27 de abril, Gómez Diez había incidido con fuerza para que el expediente de Terán volviera a la comisión de Acusación del CM.
"En ese momento consideré que el tema merecía un análisis más exhaustivo y que había que recabar otros antecedentes, como el informe de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (sobre las medidas cautelares libradas por los jueces Terán y Jorge Parache), para tener una composición definitiva de la situación". Así el senador justificó ante LA GACETA que no había cambiado de parecer.

Otras razones
El salteño advirtió que en ninguna medida cautelar dispuesta por Terán a favor de tenedores de títulos de la deuda pública y en contra del Estado por la pesificación de los bonos se hacía alusión a "las razones por las cuales, en el caso concreto, el diferimiento (del pago de los bonos) resultaba inoperante". "Esto configura una falta de gravedad que denota una conducta jurisdiccional al menos dudosa? Es una actitud que arroja fundadas dudas acerca de la pericia y responsabilidad del magistrado", dijo.
El texto de Gómez Diez fue incorporado al dictamen del diputado Carlos Kunkel (PJ) y ambos constituirán la base de la acusación contra Terán ante el jurado de enjuiciamiento. Kunkel calificó de "cheques en blanco" las cautelares dictadas por Terán y lo acusó de haber sido funcional a maniobras para perjudicar al erario.
La investigación se debe -entre otras cosas- a que las cautelares, por las que se ordenaba al Estado que se abstuviera de aplicar la normativa que pesificó los títulos, no precisaban la cantidad de bonos alcanzados por la decisión. Así, la Nación advirtió que Yolanda Borquez, cuando entabló la demanda acompañó certificado de títulos por U$S 620.000, pero después de que salió la cautelar a su favor (dictada por Terán) en su cuenta había casi U$S 5 millones en títulos.