El juicio a la Corte

La situación del promovido juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del que varios dictámenes esperan turno hace meses para ser tratados por la Cámara de Diputados, se ha convertido finalmente en una de las cuestiones que más comprometen la imagen de la República en el orden internacional. La disyuntiva es ahora la resistencia al tratamiento por parte de los sectores parlamentarios que más empeñosamente exigen el relevo de la totalidad de los jueces, frente a la insistente pretensión de considerar lo que vanamente reiteran quienes no comparten dicho enjuiciamiento.
En definitiva, se trata de otra paradoja testimonial del alto grado de irresponsabilidad con que se están manejando asuntos fundamentales para la suerte del país, por parte de una clase política que no se resigna a su retiro. Los primeros, carentes de apoyo suficiente a la hora del debate, prefieren postergar hasta después de las elecciones el tratamiento decisivo, mientras los segundos procuran consumarlo, también sin número suficiente, para remitir la iniciativa al archivo y lograr una mejoría en las relaciones de la Corte con el Poder Ejecutivo.
Disimulado, aunque activo promotor del juicio político a poco de asumir, el Gobierno debió cambiar su postura cuando el máximo tribunal falló o se abstuvo de hacerlo en casos que afectaron fundamentalmente la política oficial, donde los que el apoyo de los jueces habría sido decisivo. A poco andar se hizo muy transparente que el máximo tribunal presionaba de esa manera para poner fin a su enjuiciamiento, algo que no ha podido lograr hasta el momento por las causas consignadas.
Más allá de la corrección de algunos de esos fallos -como acontece con el que califica de inconstitucional el recorte de sueldos públicos y jubilaciones- lo cierto es que todo ese oscuro trajín, bajo el que yacen pospuestos o ignorados derechos individuales consagrados universalmente, constituye una realidad incontrastable de la inseguridad jurídica con que transcurre la vida pública de los argentinos.
No debe extrañar en consecuencia que la confrontación paralizante que el Congreso exhibe también en este caso -donde operan decisivamente algunos de los líderes más notorios que reclaman simultáneamente, cuando no están en sus bancas, el relevo total de los cargos públicos- agrave las inquietudes y angustias de los sectores sociales más castigados por la crisis.
No menos grave, aunque con efectos más negativos a mediano y largo plazo, es la incertidumbre que en el sector externo provocan esos hechos y circunstancias de los que son protagonistas la mayoría de quienes compiten por acceder a los cargos más elevados de la Nación.
Por cierto que algunos jueces de la Corte a los que no hace mucho se calificó de "mayoría automática" útil al Poder Ejecutivo, no son bien mirados, tanto en el foro como en la calle, mas el reprobable trámite político del problema no ha hecho sino agravar el estado de confusión y desconfianza con que el país es observado en el mundo.