En Tucumán no existe una ley que regule la actividad lúdica, por lo que los requisitos y las condiciones exigidas por el Estado a los inversores son variables. La administración de los juegos de azar está en manos de la Caja Popular de Ahorros (CPA). Precisamente, el control de policía lo ejerce la institución estatal.
Según cifras oficiales, sólo en San Miguel de Tucumán hay más de 60 salas de juego habilitadas que funcionan las 24 horas del día con 850 maquinitas electrónicas. Más del 70% de estos aparatos fueron autorizados por la CPA durante la gestión anterior. Precisamente, cuando el gobernador José Alperovich justificó en 2004 la concesión directa para explotar 1.000 tragamonedas en favor de Casino Club, adujo que lo hacía en el afán de genera competencia a las casas de videopoker.
“Lo primero que hice cuando asumí fue plantearle a Juan Carlos Veiga (ex interventor de la CPA) si se podía reducir el número de maquinitas. Le pedí que lo analizara legalmente, pero era imposible”, dijo a LA GACETA el 16 de noviembre de 2004.
Facturación misteriosa
A pesar de que las salas de juego están en manos de una decena de empresarios, la facturación anual es un misterio para el Gobierno. Sucede que, a diferencia de otras provincias, en Tucumán estas empresas abonan un canon fijo mensual, que oscila entre los $ 412 y los $ 600 mensuales por cada máquina habilitada.
Según el último ejercicio de la CPA, a las arcas de la institución ingresaron poco más de $ 300.000 por mes por este rubro. Los ingresos, inclusive, mantienen una tendencia alcista: durante el período 2004-2005, los ingresos del sector treparon a $ 4 millones, lo que representa un 29,9% más con respecto al período 2003-2004.
No obstante, los ingresos que genera el juego de azar no quedan en su totalidad en la Caja Popular. La entidad aporta un 25% del resultado bruto de la actividad (diferencia entre lo recaudado menos lo que paga en concepto de premios, comisiones y costos de funcionamiento, excluidos gastos de personal) al sistema de salud pública.
Duplicación
La gestión de Alperovich duplicó el cupo de maquinitas. Antes de cumplir su tercer año de mandato, llevó de 850 a 2.150 el número de tragamonedas. Un millar corresponden a Casino Club y 200 a Iviza SA.
Precisamente, esta empresa debió, como contraprestación, remodelar el Casino de Tucumán (las obras se inaugurarán el miércoles). Si bien las autoridades mantuvieron el sistema de tributación en base a un canon fijo, aumentaron los montos a $ 500 y $ 580, según el tipo de tragamonedas. En la Caja Popular estiman que, por mes, Casino Club pagaría en concepto de canon unos $ 540.000.
Según cifras oficiales, sólo en San Miguel de Tucumán hay más de 60 salas de juego habilitadas que funcionan las 24 horas del día con 850 maquinitas electrónicas. Más del 70% de estos aparatos fueron autorizados por la CPA durante la gestión anterior. Precisamente, cuando el gobernador José Alperovich justificó en 2004 la concesión directa para explotar 1.000 tragamonedas en favor de Casino Club, adujo que lo hacía en el afán de genera competencia a las casas de videopoker.
“Lo primero que hice cuando asumí fue plantearle a Juan Carlos Veiga (ex interventor de la CPA) si se podía reducir el número de maquinitas. Le pedí que lo analizara legalmente, pero era imposible”, dijo a LA GACETA el 16 de noviembre de 2004.
Facturación misteriosa
A pesar de que las salas de juego están en manos de una decena de empresarios, la facturación anual es un misterio para el Gobierno. Sucede que, a diferencia de otras provincias, en Tucumán estas empresas abonan un canon fijo mensual, que oscila entre los $ 412 y los $ 600 mensuales por cada máquina habilitada.
Según el último ejercicio de la CPA, a las arcas de la institución ingresaron poco más de $ 300.000 por mes por este rubro. Los ingresos, inclusive, mantienen una tendencia alcista: durante el período 2004-2005, los ingresos del sector treparon a $ 4 millones, lo que representa un 29,9% más con respecto al período 2003-2004.
No obstante, los ingresos que genera el juego de azar no quedan en su totalidad en la Caja Popular. La entidad aporta un 25% del resultado bruto de la actividad (diferencia entre lo recaudado menos lo que paga en concepto de premios, comisiones y costos de funcionamiento, excluidos gastos de personal) al sistema de salud pública.
Duplicación
La gestión de Alperovich duplicó el cupo de maquinitas. Antes de cumplir su tercer año de mandato, llevó de 850 a 2.150 el número de tragamonedas. Un millar corresponden a Casino Club y 200 a Iviza SA.
Precisamente, esta empresa debió, como contraprestación, remodelar el Casino de Tucumán (las obras se inaugurarán el miércoles). Si bien las autoridades mantuvieron el sistema de tributación en base a un canon fijo, aumentaron los montos a $ 500 y $ 580, según el tipo de tragamonedas. En la Caja Popular estiman que, por mes, Casino Club pagaría en concepto de canon unos $ 540.000.
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