La administración y la explotación de los juegos de azar en Tucumán puede llegar a quedar en manos privadas. La prohibición expresa de esa posibilidad debía ser incorporada en la Constitución provincial, pero la asamblea no trató en sesión la problemática.
La Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna, facultó a los convencionales a incorporar en el texto el régimen de monopolio estatal en materia de juegos de azar. En efecto, tres proyectos relacionados con la problemática fueron presentados en la Comisión de Políticas Especiales, que preside Silvia Temkin.
Dos de ellos, inclusive, obtuvieron dictamen en la comisión. El Partido Obrero (PO) propuso en minoría que el Estado tenga en sus manos el control, la administración y la explotación del juego. Pero además, impulsó una cláusula transitoria tendiente a que se declare la caducidad de las concesiones vigentes otorgadas por la Caja Popular de Ahorros (CPA).
El oficialismo, en cambio, tomó como base un proyecto presentado por Fernando Juri Debo. La iniciativa del presidente subrogante de la Legislatura pretendía que sea responsabilidad de la Provincia regular, administrar y explotar los juegos de azar, destreza y apuestas, y que no sea admitida la privatización ni la concesión de dichas actividades. El texto, finalmente, obtuvo dictamen de mayoría en la comisión con algunos cambios.
Sin debate en el recinto
Sin embargo, el Régimen de Monopolio Estatal para el juego no tuvo debate parlamentario. El oficialismo, horas antes de la sesión convocada para el lunes, decidió retirar su dictamen de mayoría. De esa forma, según Temkin, el despacho de minoría, en este caso del PO, también quedó sin tratamiento. "Así lo establece el reglamento interno de la comisión", expresó.
Según la convencional, en el seno de la comisión de Políticas Especiales el futuro del juego de azar generó una fuerte discusión. Pero le restó importancia a la decisión del oficialismo de no incorporar en la Constitución la prohibición. "Hubo varios otros puntos que estaban previstos en la ley de convocatoria y que no fueron tratados, y otros que nos hubiese gustado que figuraran y no estaban. Este tema fue tratado en comisión; se generó un importante debate, pero al analizar leyes vigentes, notamos que todo lo que pensábamos plasmar en la nueva Constitución ya estaba redactado en esas normas", aseveró.
Temkin remarcó que el juego está bien regulado en la provincia. "Las leyes aclaran que la materia está bajo la órbita del Estado, que posee el control de policía y que puede o no concesionar el juego", dijo la titular del Ipacym.
La Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna, facultó a los convencionales a incorporar en el texto el régimen de monopolio estatal en materia de juegos de azar. En efecto, tres proyectos relacionados con la problemática fueron presentados en la Comisión de Políticas Especiales, que preside Silvia Temkin.
Dos de ellos, inclusive, obtuvieron dictamen en la comisión. El Partido Obrero (PO) propuso en minoría que el Estado tenga en sus manos el control, la administración y la explotación del juego. Pero además, impulsó una cláusula transitoria tendiente a que se declare la caducidad de las concesiones vigentes otorgadas por la Caja Popular de Ahorros (CPA).
El oficialismo, en cambio, tomó como base un proyecto presentado por Fernando Juri Debo. La iniciativa del presidente subrogante de la Legislatura pretendía que sea responsabilidad de la Provincia regular, administrar y explotar los juegos de azar, destreza y apuestas, y que no sea admitida la privatización ni la concesión de dichas actividades. El texto, finalmente, obtuvo dictamen de mayoría en la comisión con algunos cambios.
Sin debate en el recinto
Sin embargo, el Régimen de Monopolio Estatal para el juego no tuvo debate parlamentario. El oficialismo, horas antes de la sesión convocada para el lunes, decidió retirar su dictamen de mayoría. De esa forma, según Temkin, el despacho de minoría, en este caso del PO, también quedó sin tratamiento. "Así lo establece el reglamento interno de la comisión", expresó.
Según la convencional, en el seno de la comisión de Políticas Especiales el futuro del juego de azar generó una fuerte discusión. Pero le restó importancia a la decisión del oficialismo de no incorporar en la Constitución la prohibición. "Hubo varios otros puntos que estaban previstos en la ley de convocatoria y que no fueron tratados, y otros que nos hubiese gustado que figuraran y no estaban. Este tema fue tratado en comisión; se generó un importante debate, pero al analizar leyes vigentes, notamos que todo lo que pensábamos plasmar en la nueva Constitución ya estaba redactado en esas normas", aseveró.
Temkin remarcó que el juego está bien regulado en la provincia. "Las leyes aclaran que la materia está bajo la órbita del Estado, que posee el control de policía y que puede o no concesionar el juego", dijo la titular del Ipacym.
NOTICIAS RELACIONADAS







