La Nación pide que se aceleren los juicios por violaciones a los derechos humanos

La decisión fue tajante: hay que avanzar a fondo en las causas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en la década del 70, hasta conseguir que se concreten los juicios orales contra los militares, policías y civiles imputados de secuestros, detenciones y torturas.
La orden del procurador general de la Nación, Esteban Righi, a los fiscales federales de todo el país, fue comunicada recientemente, y en ella se los instruye a que "se extremen los recaudos procesales necesarios y pertinentes para agilizar los procesos y propiciar la pronta resolución de las cuestiones pendientes en las Cámaras Federales de Apelación y de Casación Penal". Asimismo, dispuso que la Unidad de Asistencia en las causas por terrorismo de Estado mantenga un seguimiento permanente del avance judicial de cada expediente, con la redacción y elevación de un informe mensual.
El origen de esta medida fue una presentación ante Righi efectuada por el fiscal federal general de Tucumán, Gustavo Gómez, que le manifestó su preocupación por la demora de la Cámara de Casación Penal en pronunciarse sobre los planteos efectuados por la defensa de Antonio Domingo Bussi en el caso de la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. La remisión de la causa hizo que el trámite se paralizara en la provincia desde el 8 de noviembre de 2004, según afirmó Gómez.

Contra las demoras
"La tarea de impartir Justicia impone el deber de reducir al mínimo posible cualquier demora en la tramitación de las causas penales, pues todo retraso necesariamente genera ineficiencia, y conspira contra una adecuada procuración y administración de Justicia. Es necesario en toda causa, pero asume especial significación en aquellas en las que existen personas privadas de la libertad, como es frecuente en los procesos a los que nos referimos", puntualizó Righi.
El procurador nacional admitió que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos presentan características que permiten que se las califique de causas complejas, por lo cual requieren mayor dedicación, ya que involucran intereses sociales de relevancia, con gran cantidad de víctimas y de imputados.
La instrucción dada por el funcionario incluyó la interposición de planteos reclamando el pronto despacho de los expedientes, en un último intento de agilizar los trámites y llegar al momento del juicio plenario, de modo oral y público.