Procesan a la comisionada rural de San Andrés

Haber cobrado indebidamente por dos meses un subsidio para desocupados sigue siendo un dolor de cabeza para la comisionada rural de San Andrés, Carla Elizabeth Martín. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento (sin prisión preventiva) de la funcionaria, dictado por el juez federal Felipe Terán, y ratificó el embargo sobre sus bienes hasta los $ 10.000.
La sentencia fue firmada por Marina Cossio de Mercau, Ernesto Clemente Wayar, Ricardo Sanjuán, Graciela Fernández Vecino (en disidencia parcial) y Raúl David Mender. Estos dos últimos fundamentaron por separado su posición.
En la misma causa por presunta tentativa de estafa al erario nacional, el tribunal también avaló a Terán en el procesamiento y embargo similar sobre la cuñada de Martín, cuya identidad se reserva. Pero le advirtió que debía efectuar un control mucho más atento del derecho de defensa de esta menor (tiene 17 años), ya que es probable que muchos errores y falencias hayan sido cometidos por sus abogados. Según la investigación, Martín cobró $ 150 por mes del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en noviembre y en diciembre de 2003 (e intentó hacerlo en enero de 2004), cuando ya estaba ejerciendo como comisionada.
Ella figuraba en el listado de beneficiarios desde julio de 2002. Como el programa nacional sólo cubre a los desempleados, el pronunciamiento de Terán afirma que incurrió en un delito penal, del cual participó también su cuñada (la menor) cuando se presentó a cobrar una de las mensualidades indebidas con su DNI e imprimió la huella digital del pulgar de su mano derecha en la boleta de cobro.
La Cámara de Apelaciones respaldó a Terán por considerar que "no resultan satisfactorias las explicaciones acerca de sus conductas, que brindaron las imputadas", aunque admitió la reserva del caso federal que planteó Martín. Acerca de la actuación del abogado en relación con la menor, resaltó que su defensor particular omitió apelar su procesamiento, ni se adhirió al recurso planteado por el letrado de Martín, irregularidad que fue salvada con la participación del defensor oficial.

Adecuado control
Mender y Fernández Vecino fueron quienes más se detuvieron en requerir a Terán que efectúe el adecuado control del cumplimiento efectivo del derecho de defensa en las causas, máxime cuando hay un menor de edad imputado. Precisamente, Fernández Vecino consideró que no están reunidos en la causa los elementos de convicción suficientes como para procesar o sobreseer a la menor, por lo cual se pronuncia por la falta de mérito.
El delito penal está castigado con dos a seis años de prisión e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos. Se configura con el mero hecho de haber cobrado un mes.


En 2004 se publicó el caso de Carla Martín. Ella vive en San Andrés, pero se había inscripto en Delfín Gallo y cobraba en Banda del Río Salí.

Las irregularidades detectadas en ese y en otros casos habían generado un revuelo en las comunas y en los concejos deliberantes del interior.

Todos los casos bajo investigación fueron denunciados por LA GACETA en marzo de 2004, según consta en el expediente judicial.

El juez federal Jorge Parache procesó también a los comisionados Enrique Ignacio Robles (El Chañar) y Juan Carlos Ramírez (Monte Bello).

Además procesó a Noemí Alicia Vega, esposa del comisionado de Delfín Gallo, Gustavo Carrizo; y a Estela Acosta, cónyuge del edil Edgardo Ibarra.

A raíz de investigaciones periodísticas, casi 5.000 beneficiarios fueron dados de baja en 2004. Entre ellos, policías y empleados estatales.