Piden más transparencia al Gobierno

Sectores de la oposición y referentes de los colegios de profesionales responsabilizaron al Gobierno provincial por la paralización de las obras de construcción de las 3.000 viviendas en Los Pocitos y denunciaron una marcada falta de transparencia en los actos de gobierno.
Las críticas fueron vertidas durante una mesa panel organizada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, que, con el desarrollo de la exposición, se convirtió en una caja de resonancia de la pulseada política entre la oposición y el oficialismo. Precisamente, desde el Poder Ejecutivo adujeron que se iba a politizar lo que se planteaba como debate técnico para justificar la ausencia de sus representantes.
Quienes sí asistieron fueron el diputado Esteban Jerez, el legislador Alejandro Sangenis y miembros de los colegios de Abogados y de Arquitectos. "No es nuestra intención faltar el respeto a los colegios ni a las cámaras de la construcción. Queremos que se haga el proyecto, pero en el marco del respeto por las normas; no que se haga por hacer. Lamento la ausencia de autoridades provinciales", sostuvo el titular de la institución anfitriona, Ramón Vicente Nicastro.
El debate consistió en una escueta exposición de los panelistas y en una breve charla con los invitados (según el propio Nicastro, por cuestiones de horario). Jerez aprovechó sus minutos para desmentir dichos del gobernador, José Alperovich, que lo acusó de ser el responsable de la suspensión de la obra.
"Se distorsiona la verdad. Estoy de acuerdo con las bondades del proyecto, pero no voy a aceptar ni a consentir las irregularidades. No es una posición caprichosa. Ahora vemos que el intendente (Domingo Amaya) le pide al Concejo facultades para no llamar a licitaciones. El Estado toma como regla las contrataciones directas en lugar de las licitaciones públicas", disparó.
Sangenis, en tanto, recordó que todos los legisladores de la oposición advirtieron al PE que el proyecto iba a terminar en la Justicia. "¿Creen que se puede trabajar con seriedad con sólo un decreto para construir 3.000 viviendas?", se preguntó, y objetó la celeridad con que el Consejo de Economía y Medio Ambiente (CPEA) otorgó el apto ambiental al emprendimiento. "Tiene 45 días hábiles para decidir, pero en este caso el estudio de impacto, que consta de 262 fojas, ingresó el 4 de abril y fue aprobado el 11, en un día en que no sesiona habitualmente el organismo", finalizó el parlamentario.