Cambio en Santiago del Estero

Ayer se descomprimió la situación en uno de los cuatro juzgados sobre los que posee competencia la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El presidente Néstor Kirchner le aceptó la renuncia a Angel de Jesús Toledo, razón por la que el juzgado federal de Santiago del Estero quedó a cargo por 30 días -y en el carácter de subrogante- de la secretaria civil, María de las Mercedes Arce de Ferrero.
En horas de la tarde, Graciela Fernández Vecino, vocal de la Cámara Federal, viajó a la vecina provincia para tomarle juramento a la funcionaria judicial.
El tribunal ahora debe notificar a la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) para que designe a quien será el subrogante hasta que se proceda a elegir -proceso de selección mediante- a quien ocupará definitivamente el cargo.
Toledo, al igual que los jueces federales de Tucumán, Jorge Parache y Felipe Terán, afrontaba un avanzado sumario ante la comisión de Acusación del CM. Actuaban como instructores la diputada nacional Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler.
El 17 de marzo, la comisión de Acusación había citado a Toledo para que efectuara su descargo en las actuaciones que le seguían por supuesto abuso de poder, favores a determinados estudios jurídicos, entre otras causales. Pero el juez, ese día, informó que ya había presentado su renuncia, por lo que no declaró ante el CM.
Como pasaba el tiempo y el Presidente no decidía si iba a aceptarle la dimisión, en la comisión de Acusación estaban elaborando un proyecto de dictamen, en el afán de sugerir al pleno del CM que Toledo fuera sometido a un jurado de enjuiciamiento.



El fiscal federal Carlos Brito requirió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires un inform*e clave relacionado con la investigación penal que instruye por la denominada "causa Bórquez". Esta fue la desencadenante de los sumarios que hoy afrontan los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes vinculados a acciones contra el Estado, por la pesificación de los títulos públicos que siguió a la declaración de que el país había entrado en cesación de pagos (default).
Cuando Inés Yolanda Borquez inició su demanda acompañó certificado de bonos por sólo U$S 620.000, pero luego de que Terán ordenó al Estado que se abstuviera de aplicar la pesificación (respecto de la accionante), el Ministerio de Economía advirtió que en la cuenta de la mujer había casi U$S 5 millones en bonos.
A fin de calcular el eventual perjuicio que habría sufrido el Estado si la medida cautelar a favor de Borquez -finalmente suspendida- se hubiera ejecutado, Brito solicitó el precio de cotización de los títulos correspondientes a la fecha en que, efectivamente, ingresaron en la cuenta de la mujer (después del default, entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, según el dictamen del consejero Carlos Kunkel).