Requieren que se evalúe la conducta de los jueces del Tribunal de Faltas

La conformación del jury de enjuiciamiento para evaluar la conducta de los seis jueces del Tribunal de Faltas depende sólo de una decisión política del intendente Domingo Amaya. Así lo deslizaron el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Santiago Cano (PJ), y el fiscal municipal, Leonardo Szachniuk.
La actuación de los magistrados estuvo envuelta en un escándalo durante el segundo semestre de 2005. Las sospechas llevaron a Amaya a ordenar una instrucción administrativa en el órgano. En setiembre, el funcionario culminó la investigación en la que acusa a los jueces por violación a las normas municipales.
Desde ese momento, el expediente está en manos del intendente, que debe firmar el decreto de convocatoria al tribunal. Inclusive, los demás factores que conforman el jurado ya confirmaron a sus integrantes: por el Poder Judicial fue designado el camarista penal Eudoro Albo, mientras que por el Colegio de Abogados, su presidente, Antonio Bustamante. El cuerpo se completa con dos ediles y con un miembro de la intendencia.
“Se trata de un informe que tiene 20 cuerpos y documentación adicional en la que se fundamenta la formación del jury de enjuiciamiento. Formalmente lo pedí; es más, la petición final tiene 30 páginas. Resta la firma del decreto”, dijo el fiscal municipal.
El presidente del Concejo, en tanto, explicó que aún no designó a los dos representantes de los ediles porque no ingresó ningún pedido de la Intendencia. “Una vez que nos envíen el decreto de convocatoria, entonces nombraremos a nuestros representantes”, aseveró Cano.
En el Concejo Deliberante, el hecho tomó nuevamente estado público a raíz de un escrito presentado por el ex interventor del Tribunal de Faltas, Juan Luis Fernández. Una disputa de los jueces con el ex funcionario desencadenó la instrucción administrativa. En julio de 2005 los jueces Gerardo Poliche, Graciela Baillo y Estela Martínez denunciaron ante el Concejo que Fernández había demorado durante tres meses la ejecución de cargos judiciales. Fernández negó las acusaciones; le dieron licencia para descomprimir la situación y luego lo removieron del cargo.
“Pese al tiempo transcurrido y a los anuncios del intendente, aún no existe la firma del decreto de convocatoria. De la investigación realizada por el fiscal municipal surgen con claridad situaciones anómalas; tanto en lo administrativo como en lo referido al aspecto procesal y al manejo de las causas cuyos trámites no se ajustaron a las disposiciones normativas”, sostuvo Fernández en su denuncia ante los ediles.