Por Redacción Política
16 Mayo 2006
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La salud de Antonio Bussi es motivo de debate en el Juzgado Federal a cargo de Jorge Parache. Mientras la defensa del detenido ex gobernador solicitó, por quinta vez, que se le permita su traslado a la Capital Federal para una serie de chequeos, quienes lo acusan de violaciones a los derechos humanos se opusieron formalmente a que se le otorgue cualquier autorización.
Tanto una como otra posición hacen girar sus planteos alrededor del informe del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl Asial, quien revisó a Bussi. En sus conclusiones, el profesional resaltó: “de surgir una eventual emergencia cardiológica, que requiera una intervención quirúrgica de naturaleza cardíaca, esta puede ser efectuada en uno de, por lo menos, cuatro centros cardiológicos de alta complejidad que a nivel privado existen en Tucumán”.
El representante legal del ex mandatario, Horacio Conesa Mones Ruiz, refutó este criterio en sus escritos e insistió en que debe autorizarse el retorno del ex gobernador a la Capital Federal, para que sea atendido por sus médicos de cabecera y se someta a una eventual cirugía del corazón en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. “Hay que evitar perjuicios mayores en su salud quebrantada, agravada por su avanzada edad. Mi defendido ostenta la presunción de inocencia, y no existe condena de ninguna naturaleza en su contra. Su enfermedad es más importante que cualquier trámite judicial, porque está en juego el derecho a la vida”, afirmó.
La querellante en la causa del secuestro de Alicia Cerrota de Ramos, Elizabeth Noli, desestimó el planteo de Bussi. “La defensa habla de ética médica, seguridad jurídica y principio de legalidad como si estuviéramos frente a una abstracción, a una cuestión diletante y no frente a un proceso penal en curso”, manifestó.
Noli es la abogada de Pedro César Ramos (padre del periodista desaparecido José Eduardo Ramos, esposo de Cerrota). Recordó que presentó un recurso de apelación contra el procesamiento dictado por Parache en la causa, ya que no incluyó el delito de torturas ni el agravamiento de ciertos hechos. Pese a los defectos, destacó que el fallo “fijó tipologías de gravedad: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita agravada y desapariciones forzadas”.
“La defensa se presenta como víctima de un dictamen del médico forense, quien es un funcionario público, y por ende su opinión es calificada. Es el caso del doctor Asial, y no pueden negarse la validez, objetividad y legitimidad de su dictamen. Bussi expuso además como estrategia procesal la anacrónica teoría de la Seguridad Nacional, según la cual todos eran sospechados de comunistas, hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Noli.
El ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fue trasladado ayer rumbo a La Rioja, para cumplir con la audiencia indagatoria en una causa iniciada en esa provincia, vinculada con violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los setenta.
Menéndez deberá declarar mañana por el secuestro de Roberto Villafañe, en las dependencias que tiene el Ejército en esa ciudad, adonde partió ayer su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz. Luego seguirá viaje rumbo a Córdoba, donde cumple con la prisión domiciliaria, para responder las preguntas de la Justicia Federal sobre otras causas de desapariciones y torturas.
Ante esta situación, el juez federal Jorge Parache suspendió las audiencias previstas para esta semana a Menéndez y a Antonio Bussi, quienes iban a ser interrogados por el asesinato de cinco militantes, ocurrido hace casi 30 años, el 20 de mayo de 1976, en el barrio Esteban Echeverría.
Ese día, en el domicilio de Azcuénaga 1.816, fueron ultimados María Alejandra Romero Niklison, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. Si bien el hecho fue presentado como un enfrentamiento entre una célula subversiva y efectivos del Ejército, las autopsias revelaron que todos los cadáveres presentaban impactos de bala en la nuca y en la cabeza, lo que le permitió concluir al fiscal federal Emilio Ferrer que hubo un fusilamiento y no un combate.
Este es uno de los pocos casos en que los cuerpos fueron entregados a los familiares y sepultados con identificación.
Tanto una como otra posición hacen girar sus planteos alrededor del informe del médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl Asial, quien revisó a Bussi. En sus conclusiones, el profesional resaltó: “de surgir una eventual emergencia cardiológica, que requiera una intervención quirúrgica de naturaleza cardíaca, esta puede ser efectuada en uno de, por lo menos, cuatro centros cardiológicos de alta complejidad que a nivel privado existen en Tucumán”.
El representante legal del ex mandatario, Horacio Conesa Mones Ruiz, refutó este criterio en sus escritos e insistió en que debe autorizarse el retorno del ex gobernador a la Capital Federal, para que sea atendido por sus médicos de cabecera y se someta a una eventual cirugía del corazón en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. “Hay que evitar perjuicios mayores en su salud quebrantada, agravada por su avanzada edad. Mi defendido ostenta la presunción de inocencia, y no existe condena de ninguna naturaleza en su contra. Su enfermedad es más importante que cualquier trámite judicial, porque está en juego el derecho a la vida”, afirmó.
La querellante en la causa del secuestro de Alicia Cerrota de Ramos, Elizabeth Noli, desestimó el planteo de Bussi. “La defensa habla de ética médica, seguridad jurídica y principio de legalidad como si estuviéramos frente a una abstracción, a una cuestión diletante y no frente a un proceso penal en curso”, manifestó.
Noli es la abogada de Pedro César Ramos (padre del periodista desaparecido José Eduardo Ramos, esposo de Cerrota). Recordó que presentó un recurso de apelación contra el procesamiento dictado por Parache en la causa, ya que no incluyó el delito de torturas ni el agravamiento de ciertos hechos. Pese a los defectos, destacó que el fallo “fijó tipologías de gravedad: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita agravada y desapariciones forzadas”.
“La defensa se presenta como víctima de un dictamen del médico forense, quien es un funcionario público, y por ende su opinión es calificada. Es el caso del doctor Asial, y no pueden negarse la validez, objetividad y legitimidad de su dictamen. Bussi expuso además como estrategia procesal la anacrónica teoría de la Seguridad Nacional, según la cual todos eran sospechados de comunistas, hasta que se demuestre lo contrario”, afirmó Noli.
Trasladaron a Menéndez a La Rioja
El ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, fue trasladado ayer rumbo a La Rioja, para cumplir con la audiencia indagatoria en una causa iniciada en esa provincia, vinculada con violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los setenta.
Menéndez deberá declarar mañana por el secuestro de Roberto Villafañe, en las dependencias que tiene el Ejército en esa ciudad, adonde partió ayer su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz. Luego seguirá viaje rumbo a Córdoba, donde cumple con la prisión domiciliaria, para responder las preguntas de la Justicia Federal sobre otras causas de desapariciones y torturas.
Ante esta situación, el juez federal Jorge Parache suspendió las audiencias previstas para esta semana a Menéndez y a Antonio Bussi, quienes iban a ser interrogados por el asesinato de cinco militantes, ocurrido hace casi 30 años, el 20 de mayo de 1976, en el barrio Esteban Echeverría.
Ese día, en el domicilio de Azcuénaga 1.816, fueron ultimados María Alejandra Romero Niklison, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz. Si bien el hecho fue presentado como un enfrentamiento entre una célula subversiva y efectivos del Ejército, las autopsias revelaron que todos los cadáveres presentaban impactos de bala en la nuca y en la cabeza, lo que le permitió concluir al fiscal federal Emilio Ferrer que hubo un fusilamiento y no un combate.
Este es uno de los pocos casos en que los cuerpos fueron entregados a los familiares y sepultados con identificación.
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