La ordenanza que mantiene los beneficios tributarios para los vecinos residentes de countries llegará hoy a manos del intendente de Yerba Buena, Roberto Martínez Zavalía. A partir de la comunicación oficial, el jefe municipal dispondrá de 10 días hábiles para vetar o promulgar la iniciativa aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante.
La norma, que fue sancionada el jueves en sesión, deroga disposiciones vigentes desde 2003. Estas permitían a quienes viven en barrios privados tributar hasta un 50% menos sobre el valor de la tasa denominada Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI). Pero, a la vez que elimina ese descuento, la nueva ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar rebajas de entre un 20% y un 30% en los tributos a los vecinos de countries. A tal fin, los interesados deberán comprobar que la prestación de servicios que efectúa el municipio en esos predios es parcial.
El proyecto fue aprobado el jueves durante una polémica sesión con el voto de seis concejales: los peronistas Ricardo Salomón, Luis Baldizón, Francisco Pisano, Alfredo Carrizo y Rubén Aráoz y el referente de Ciudadanos Independientes, Manuel Sancho Miñano. Sólo José Marrades (PJ), Alejandro Sangenis (MP3), Cristina Mirande (Recrear) y Marcelo Rojas (Ciudadanos Independientes) votaron por la derogación de los controvertidos beneficios fiscales.
El viernes, Martínez Zavalía ratificó a LA GACETA que instrumentará las medidas para unificar las tasas de los contribuyentes y que, en ese afán, estudia interponer un veto a la norma.
Una vez que la ordenanza sea comunicada por el Concejo, el intendente podrá vetarla o promulgarla. Según trascendió, el titular del Departamento Ejecutivo municipal optaría por un veto parcial. Con ello, dejaría firme el artículo primero, que deroga el anterior descuento; pero vetaría los artículos segundo y tercero, que refieren a la nueva posibilidad de rebajas en el CISI.
En caso de que la iniciativa sea vetada (en forma total o parcial), los seis concejales que votaron por su aprobación deberán conseguir al menos una voluntad más en el recinto. Ocurre que para la insistencia de un veto, el reglamento del Concejo exige el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el recinto. El piso que deberán alcanzar, en caso de que concurran a sesión los 10 concejales que integran el cuerpo, será de siete votos afirmativos.
La norma, que fue sancionada el jueves en sesión, deroga disposiciones vigentes desde 2003. Estas permitían a quienes viven en barrios privados tributar hasta un 50% menos sobre el valor de la tasa denominada Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI). Pero, a la vez que elimina ese descuento, la nueva ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar rebajas de entre un 20% y un 30% en los tributos a los vecinos de countries. A tal fin, los interesados deberán comprobar que la prestación de servicios que efectúa el municipio en esos predios es parcial.
El proyecto fue aprobado el jueves durante una polémica sesión con el voto de seis concejales: los peronistas Ricardo Salomón, Luis Baldizón, Francisco Pisano, Alfredo Carrizo y Rubén Aráoz y el referente de Ciudadanos Independientes, Manuel Sancho Miñano. Sólo José Marrades (PJ), Alejandro Sangenis (MP3), Cristina Mirande (Recrear) y Marcelo Rojas (Ciudadanos Independientes) votaron por la derogación de los controvertidos beneficios fiscales.
El viernes, Martínez Zavalía ratificó a LA GACETA que instrumentará las medidas para unificar las tasas de los contribuyentes y que, en ese afán, estudia interponer un veto a la norma.
Una vez que la ordenanza sea comunicada por el Concejo, el intendente podrá vetarla o promulgarla. Según trascendió, el titular del Departamento Ejecutivo municipal optaría por un veto parcial. Con ello, dejaría firme el artículo primero, que deroga el anterior descuento; pero vetaría los artículos segundo y tercero, que refieren a la nueva posibilidad de rebajas en el CISI.
En caso de que la iniciativa sea vetada (en forma total o parcial), los seis concejales que votaron por su aprobación deberán conseguir al menos una voluntad más en el recinto. Ocurre que para la insistencia de un veto, el reglamento del Concejo exige el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el recinto. El piso que deberán alcanzar, en caso de que concurran a sesión los 10 concejales que integran el cuerpo, será de siete votos afirmativos.
PASO A PASO
A- BENEFICIO CON PORCENTAJE NUEVO.- El jueves, el Concejo Deliberante de Yerba Buena mantuvo los beneficios tributarios para los vecinos que residen en los barrios privados. Se redujo del 20% al 30% el valor de la tasa sobre alumbrado, barrido y limpieza para quienes viven en los countries. Esa reducción, antes de la sanción de la ordenanza, alcanzaba un 50%.
B- "NO ES UN CAPRICHO PERSONAL".- Sin haber sido notificado sobre la resolución de los concejales, el intendente Roberto Martínez Zavalía anticipó a LA GACETA que analizaba el veto a la ordenanza. El jefe municipal había propuesto la derogación de las ventajas tributarias para residentes en los countries. "No se trata de un capricho personal", aseguró Martínez Zavalía.
C- PROPUESTA.- Mientras en la intendencia aguardarán que hoy el Concejo Deliberante comunique la ordenanza, una nueva propuesta respecto de los countries está siendo analizada por algunos ediles. Se menciona la posibilidad de que se suspenda la construcción de nuevos barrios privados durante los próximos 90 días, para evaluar el impacto que generan en la sociedad.
B- "NO ES UN CAPRICHO PERSONAL".- Sin haber sido notificado sobre la resolución de los concejales, el intendente Roberto Martínez Zavalía anticipó a LA GACETA que analizaba el veto a la ordenanza. El jefe municipal había propuesto la derogación de las ventajas tributarias para residentes en los countries. "No se trata de un capricho personal", aseguró Martínez Zavalía.
C- PROPUESTA.- Mientras en la intendencia aguardarán que hoy el Concejo Deliberante comunique la ordenanza, una nueva propuesta respecto de los countries está siendo analizada por algunos ediles. Se menciona la posibilidad de que se suspenda la construcción de nuevos barrios privados durante los próximos 90 días, para evaluar el impacto que generan en la sociedad.







