Por Redacción Política
14 Mayo 2006
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La autonomía municipal divide a los convencionales del oficialismo. Todos están de acuerdo en reconocer el principio en la futura Constitución, pero las diferencias aparecen al momento de fijar cuáles serán los límites que tendrán los municipios para ejercer sus potestades. La discusión está centrada en la posibilidad o no de incluir la palabra plena en el texto de la Carta Magna de 1990, pero la polémica es más política que semántica.
La cuestión es analizada por la comisión de Régimen Municipal que preside el Alberto Leal e integran cuatro peronistas (Domingo Amaya, Julio Silman, Roque Graneros y Miguel Paliza), Osvaldo Morelli de Participación Cívica y Daniel Blanco del PO. Salvo Blanco y Leal (quien fue intendente de Burruyacu hasta 1999), el resto se desempeña en la actualidad como intendente. Sin embargo, esta condición parece no afectar el debate sobre la autonomía. Los hombres más cercanos a la Casa de Gobierno, incluso, firmaron iniciativas en las que las potestades municipales aparecen muy limitadas.
Los oficialistas tienen dos grupos de proyectos en los que aparecen las primeras diferencias. Amaya, el intendente de la capital, propuso consagrar la autonomía municipal y habilitar a aquellos centros urbanos de más de 60.000 habitantes la posibilidad de dictarse sus propias Cartas Orgánicas. En el mismo sentido se manifestaron Rodolfo Ocaranza, Antonio Raed, Oscar Godoy y César Dip, aunque con diferencias respecto del piso de habitantes que será necesario para reconocer la autonomía a los municipios. También, con relación a los límites que tendrán estas administraciones para fijar su propia organización política.
En el otro grupo de propuestas del Frente para la Victoria se encolumnaron Julio Silman, Aldo Salomón, Alberto Olea y Roque Cativa. Estos convencionales firmaron propuestas en las que no hicieron mención a la posibilidad de permitir a los municipios que dicten sus propias Cartas Orgánicas, y dejan librada la fijación de las reglas de juego a la posterior sanción de un ley reglamentaria de la Constitución.
La selección de los jueces no sería vinculante
Con el fantasma de la judicialización del proceso de reforma sobrevolando la Convención Constituyente, tras el polémica dictamen de la comisión de Juicio Político, el oficialismo se apresta a resolver cómo será el nuevo sistema de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial. La puja interna entre juristas y alperovichistas está plasmada en las iniciativas que están en estudio en la comisión de Poder Ejecutivo, que preside el intendente de Monteros, Alberto Olea, y que -se calcula- tendrán despacho en el transcurso de esta semana.
Las propuestas de los alperovichistas están condensadas en una iniciativa firmada por Domingo Amaya, según la cual los magistrados serán designados por el PE sobre la base de un terna elaborada por un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Según se plantea en el proyecto, el organismo tendrá autonomía edilicia y funcional, pero se constituiría sólo cuando se produzca una vacante en la Justicia; su propuesta no será vinculante para el gobernador. Según Amaya, el CAM debería estar conformado por dos abogados elegidos por los colegios de profesionales; dos magistrados, dos profesores regulares de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y dos legisladores.
Quienes responden al vicegobernador, en tanto, impulsan un Consejo de la Magistratura (CM) de carácter permanente, cuya función sea seleccionar magistrados y funcionarios del Poder Judicial y jueces de paz, quienes hoy dependen del Poder Ejecutivo. La propuesta está firmada por el legislador Antonio Raed y prevé que el CM se integre con: el presidente de la Corte Suprema, un vocal de Cámara, un funcionario del Ministerio Público, tres abogados y tres legisladores. Estos, según la propuesta del jurismo, serán elegidos por el voto directo de sus pares y sus resoluciones serán vinculantes para el gobernador en todos los casos.
Polémica por el uso de los recursos
El artículo 123 de la Constitución nacional impone a las provincias, la obligación de reconocer las autonomías municipales. El alcance de ese concepto incluye, además de las bases institucionales y políticas, la cuestión económica y financiera. Este es uno de los puntos que aún divide a los convencionales de las distintas bancadas y pone un manto de dudas sobre el dictamen de comisión que llegará al recinto para ser incorporado a la Carta Magna vigente hace 16 años.
Los proyectos ingresados a la comisión de Régimen Municipal, proponen regular en la Constitución todos los recursos de los que dispondrán los municipios por distintos conceptos. Osvaldo Morelli (Participación Cívica) es el que más avanzó en el concepto de coparticipación invertida, con la previsión de que en un futuro inmediato los intendentes puedan realizar nuevos pactos con la Provincia para modificar el actual régimen impositivo. El actual jefe municipal de Concepción sostiene que los municipios podrían llegar a ser quienes recauden algunos tributos que hoy están en la esfera provincial.
Los oficialistas son más cautelosos en esta cuestión. Antonio Raed, incluso, sugirió incorporar en la Constitución los pactos de salvataje financiero. El parlamentario quiere que, en el futuro, a la compensación de fondos la maneje la Legislatura.
Los intendentes tendrían un vice
Pese a que la discusión sobre la autonomía municipal está centrada en el problema de los recursos y en las potestades de los centros urbanos para dictar su Constitución, los proyectos en estudio incluyen varios puntos novedosos. Osvaldo Morelli (Participación Cívica), por ejemplo, propuso crear la figura del viceintendente, y Oscar Godoy (PJ) sugirió incorporar en el texto constitucional la condición de que el presupuesto de obras de los municipios sea administrado en un 30% por los vecinos.
Morelli sostuvo que la incorporación en la Constitución de un viceintendente permitiría cubrir los baches jurídicos y políticos que provoca la acefalía del Departamento Ejecutivo.Godoy, por su parte, también reclamó la incorporación de la banca del vecino y que se dé rango constitucional a la ordenanza popular. Las modernas herramientas de participación ciudadana, sin embargo, no serían consideradas al momento de sancionar las enmiendas a la Carta Magna.
Otro asunto polémico es la inmunidad para las autoridades municipales. El peronista Roque Cativa quiere que se reconozca esa prerrogativa a los intendentes y a los concejales para que no puedan ser juzgados durante el ejercicio de su función.
El manejo de los recursos también divide las opiniones. La posibilidad de que sea el Tribunal de Cuentas el que controle a los municipios aún no fue descartada.
La cuestión es analizada por la comisión de Régimen Municipal que preside el Alberto Leal e integran cuatro peronistas (Domingo Amaya, Julio Silman, Roque Graneros y Miguel Paliza), Osvaldo Morelli de Participación Cívica y Daniel Blanco del PO. Salvo Blanco y Leal (quien fue intendente de Burruyacu hasta 1999), el resto se desempeña en la actualidad como intendente. Sin embargo, esta condición parece no afectar el debate sobre la autonomía. Los hombres más cercanos a la Casa de Gobierno, incluso, firmaron iniciativas en las que las potestades municipales aparecen muy limitadas.
Los oficialistas tienen dos grupos de proyectos en los que aparecen las primeras diferencias. Amaya, el intendente de la capital, propuso consagrar la autonomía municipal y habilitar a aquellos centros urbanos de más de 60.000 habitantes la posibilidad de dictarse sus propias Cartas Orgánicas. En el mismo sentido se manifestaron Rodolfo Ocaranza, Antonio Raed, Oscar Godoy y César Dip, aunque con diferencias respecto del piso de habitantes que será necesario para reconocer la autonomía a los municipios. También, con relación a los límites que tendrán estas administraciones para fijar su propia organización política.
En el otro grupo de propuestas del Frente para la Victoria se encolumnaron Julio Silman, Aldo Salomón, Alberto Olea y Roque Cativa. Estos convencionales firmaron propuestas en las que no hicieron mención a la posibilidad de permitir a los municipios que dicten sus propias Cartas Orgánicas, y dejan librada la fijación de las reglas de juego a la posterior sanción de un ley reglamentaria de la Constitución.
La selección de los jueces no sería vinculante
Con el fantasma de la judicialización del proceso de reforma sobrevolando la Convención Constituyente, tras el polémica dictamen de la comisión de Juicio Político, el oficialismo se apresta a resolver cómo será el nuevo sistema de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial. La puja interna entre juristas y alperovichistas está plasmada en las iniciativas que están en estudio en la comisión de Poder Ejecutivo, que preside el intendente de Monteros, Alberto Olea, y que -se calcula- tendrán despacho en el transcurso de esta semana.
Las propuestas de los alperovichistas están condensadas en una iniciativa firmada por Domingo Amaya, según la cual los magistrados serán designados por el PE sobre la base de un terna elaborada por un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Según se plantea en el proyecto, el organismo tendrá autonomía edilicia y funcional, pero se constituiría sólo cuando se produzca una vacante en la Justicia; su propuesta no será vinculante para el gobernador. Según Amaya, el CAM debería estar conformado por dos abogados elegidos por los colegios de profesionales; dos magistrados, dos profesores regulares de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT y dos legisladores.
Quienes responden al vicegobernador, en tanto, impulsan un Consejo de la Magistratura (CM) de carácter permanente, cuya función sea seleccionar magistrados y funcionarios del Poder Judicial y jueces de paz, quienes hoy dependen del Poder Ejecutivo. La propuesta está firmada por el legislador Antonio Raed y prevé que el CM se integre con: el presidente de la Corte Suprema, un vocal de Cámara, un funcionario del Ministerio Público, tres abogados y tres legisladores. Estos, según la propuesta del jurismo, serán elegidos por el voto directo de sus pares y sus resoluciones serán vinculantes para el gobernador en todos los casos.
Polémica por el uso de los recursos
El artículo 123 de la Constitución nacional impone a las provincias, la obligación de reconocer las autonomías municipales. El alcance de ese concepto incluye, además de las bases institucionales y políticas, la cuestión económica y financiera. Este es uno de los puntos que aún divide a los convencionales de las distintas bancadas y pone un manto de dudas sobre el dictamen de comisión que llegará al recinto para ser incorporado a la Carta Magna vigente hace 16 años.
Los proyectos ingresados a la comisión de Régimen Municipal, proponen regular en la Constitución todos los recursos de los que dispondrán los municipios por distintos conceptos. Osvaldo Morelli (Participación Cívica) es el que más avanzó en el concepto de coparticipación invertida, con la previsión de que en un futuro inmediato los intendentes puedan realizar nuevos pactos con la Provincia para modificar el actual régimen impositivo. El actual jefe municipal de Concepción sostiene que los municipios podrían llegar a ser quienes recauden algunos tributos que hoy están en la esfera provincial.
Los oficialistas son más cautelosos en esta cuestión. Antonio Raed, incluso, sugirió incorporar en la Constitución los pactos de salvataje financiero. El parlamentario quiere que, en el futuro, a la compensación de fondos la maneje la Legislatura.
Los intendentes tendrían un vice
Pese a que la discusión sobre la autonomía municipal está centrada en el problema de los recursos y en las potestades de los centros urbanos para dictar su Constitución, los proyectos en estudio incluyen varios puntos novedosos. Osvaldo Morelli (Participación Cívica), por ejemplo, propuso crear la figura del viceintendente, y Oscar Godoy (PJ) sugirió incorporar en el texto constitucional la condición de que el presupuesto de obras de los municipios sea administrado en un 30% por los vecinos.
Morelli sostuvo que la incorporación en la Constitución de un viceintendente permitiría cubrir los baches jurídicos y políticos que provoca la acefalía del Departamento Ejecutivo.Godoy, por su parte, también reclamó la incorporación de la banca del vecino y que se dé rango constitucional a la ordenanza popular. Las modernas herramientas de participación ciudadana, sin embargo, no serían consideradas al momento de sancionar las enmiendas a la Carta Magna.
Otro asunto polémico es la inmunidad para las autoridades municipales. El peronista Roque Cativa quiere que se reconozca esa prerrogativa a los intendentes y a los concejales para que no puedan ser juzgados durante el ejercicio de su función.
El manejo de los recursos también divide las opiniones. La posibilidad de que sea el Tribunal de Cuentas el que controle a los municipios aún no fue descartada.
Apuntes reformistas
NO AL ACOPLE.- El congresista nacional del justicialismo Antonio Guerrero,aseguró que el gobernador, José Alperovich, y sus convencionales se transformarán en sepultureros de los partidos políticos. "La idea de habilitar el acople de candidatos en la Constitución pone en riesgo la razón de ser de instituciones que debieran tener una comunidad ideológica y doctrinaria. Se busca que los partidos municipales y comunales apoyen a un candidato a gobernador, con varios vicegobernadores. De aprobarse, quedará abierta la vía para judicializar la reforma", advirtió.
PLANTEOS EN EL ASI.- Dos de las tres fuerzas que integran el Acuerdo Social para la Inclusión decidieron no avalar el proceso reformista. El Partido Socialista emitió un documento en el que denuncia que el oficialismo impuso cerrojos en la Convención Constituyente, que buscan garantizar la sanción de un texto que incrementará la concentración de poder en el Ejecutivo. Por esa razón, los socialistas consideran que su representante en la asamblea (José Páez, de la Democracia Cristiana) no puede convalidar las reformas que serán sancionadas. En el mismo sentido, el ARI le pidió a Sandra Manzone que abandone la Convención. La dirigente se desempeñaba como asesora de Páez y había impulsado una serie de proyectos sobre la igualdad de género. "Tucumán está perdiendo una oportunidad histórica", lamentó Manzone.
PLANTEOS EN EL ASI.- Dos de las tres fuerzas que integran el Acuerdo Social para la Inclusión decidieron no avalar el proceso reformista. El Partido Socialista emitió un documento en el que denuncia que el oficialismo impuso cerrojos en la Convención Constituyente, que buscan garantizar la sanción de un texto que incrementará la concentración de poder en el Ejecutivo. Por esa razón, los socialistas consideran que su representante en la asamblea (José Páez, de la Democracia Cristiana) no puede convalidar las reformas que serán sancionadas. En el mismo sentido, el ARI le pidió a Sandra Manzone que abandone la Convención. La dirigente se desempeñaba como asesora de Páez y había impulsado una serie de proyectos sobre la igualdad de género. "Tucumán está perdiendo una oportunidad histórica", lamentó Manzone.
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