14 Mayo 2006 Seguir en 
CRITERIOS OPUESTOS. En el Concejo Deliberante no logran unificar posiciones en torno de los countries. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
La llegada del fin de semana no evaporó la ebullición política en Yerba Buena. Los cinco concejales peronistas que defienden la vigencia de tasas diferenciales para los vecinos de barrios privados solicitarán formalmente mañana que se suspenda la construcción de nuevos countries por los próximos 90 días.
El proyecto de ordenanza, impulsado por el titular del Concejo Deliberante, Ricardo Salomón, considera que con urgencia -y como medida coyuntural- se torna imprescindible que el Departamento Ejecutivo paralice la aprobación técnica de nuevas urbanizaciones especiales. "En ese tiempo se debe evaluar el impacto que genera a la sociedad la proliferación de barrios privados", sostiene el texto.
La iniciativa justifica el planteo en que el Código de Planeamiento Urbano -vigente de 1994- debe ser actualizado. "Si bien la ordenanza 613 fija las condiciones en que se permitirá su radicación, a la luz de la nueva realidad, y debido al auge que tuvo el establecimiento de estos asentamientos, las normas resultan insuficientes. Por ello, deben ser readecuadas y actualizadas", enfatiza el escrito avalado por Salomón y por los peronistas Rubén Aráoz, Alfredo Carrizo, Luis Baldizón y Francisco Pisano, que, con el apoyo de Manuel Sancho Miñano (Ciudadanos Independientes), votaron el jueves una iniciativa que permite a los residentes de countries pagar la Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI) con descuentos de entre el 20% y el 30%.
El intendente Roberto Martínez Zavalía y los concejales Alejandro Sangenis (MP3), Marcelo Rojas (Ciudadanos Independientes), Cristina Mirande (Recrear) y José Marrades (PJ) pretendían derogar ese beneficio, que desde 2003 establecía una disminución del 50% del valor de la tasa. En efecto, el jefe municipal anticipó el viernes a LA GACETA la posibilidad de vetar parcialmente el proyecto sancionado. Marrades, por su parte, también había afirmado -el sábado 6- que se debe suspender la construcción de nuevos countries.
Como contrapartida, los concejales que impulsan el descuento advirtieron que el municipio quedará a merced de eventuales presentaciones judiciales de los vecinos de barrios privados. "En el supuesto caso de que se decida vetar el proyecto, que el intendente se comprometa a responder con su patrimonio si el municipio pierde los juicios que eventualmente puedan entablarse", deslizaron desde el seno de este grupo de ediles.
Pedido de informes
El proyecto, tendiente a suspender la aprobación de nuevas carpetas técnicas referidas a la instalación de countries, especifica que en 90 días el Concejo deberá definir la nueva normativa.?
Al Departamento Ejecutivo, en tanto, los ediles le exigen que en 30 días corridos, como máximo plazo, eleve al cuerpo deliberativo un informe detallado, en el que se indique cuántos countries o barrios privados se radicaron en el municipio; cuál es la situación fiscal de cada vecino residente en esos predios y cuántos pedidos de radicación se encuentran actualmente en trámite de ejecución.
Situación contradictoria
"Resulta contradictoria la posición asumida por mis pares justicialistas, ya que ninguna norma puede ir en contra de los intereses de la comunidad en su conjunto. Consolidaron una situación de inequidad que, como peronista, considero inadmisible y repudiable", espetó el edil Alejandro Sangenis (MP3). Según dijo, la proliferación de countries obliga a actualizar el Código de Planeamiento. "Este fenómeno impacta negativamente en la posibilidad de crecimiento y de expansión urbana equilibrada, ya que se generan verdaderas barreras físicas que obstaculizan el desarrollo armónico de la trama urbana", señaló.
CARTAS DE LECTORES
Enorme perjuicio
Vivo al frente de un country que mantiene cerradas seis cuadras. Se bajó el nivel de las calles circundantes para evitar el ingreso del agua de lluvia, lo que provoca inundaciones; posee un basurero que ocasiona olores nauseabundos y proliferación de alimañas. La Municipalidad les retira la basura al igual que a los demás vecinos. El emprendimiento provoca perjuicios para la circulación, por no existir calles troncales.
Nancy Vallejo
nvallejo@tucbbs.com.ar
Objetivos primarios
Hipócritas, demagogos. Los calificativos no provienen de personas sin responsabilidades públicas, sino que son acusaciones entre el intendente y el Concejo. Se deben adecuar las valuaciones fiscales, porque hoy el común tributa $ 0,20 promedio por día, lo que fomenta una inequidad a favor de quienes pueden aportar más y aquellos que tienen propiedades de menor valor. Mientras tanto, la sociedad asiste azorada ante cruces que lo único que hacen es desviar a los dirigentes de los objetivos que deberían tener: administrar la cosa pública de manera eficiente uno y legislar y controlar esa administración los otros.
Guillermo Decoud Griet
guillermodecoud@ciudad.com.ar
Medida discriminatoria
Los habitantes de esa ciudad deberían unirse y solicitar la derogación de la norma, puesto que es discriminatoria. Quienes residen en countries deben transitar por calles alumbradas y limpias para entrar y salir de sus casas. Una tasa es el costo que todos deben pagar para vivir en sociedad y ese costo debe ser equitativo. Imaginemos situaciones extremas: la caída de un árbol, inundaciones. ¿Le solicitarán a la Municipalidad la solución del 50% de su problema o esta recibirá el 50% de sus quejas? Si la norma no puede ser derogada, sería democrático promover una reducción general. Si no, diríamos como Winston Churchill: "Nunca antes tantos les debieron tanto a tan pocos".
Daniel Dimani
Chile 3.292
S.M. de Tucumán
El proyecto de ordenanza, impulsado por el titular del Concejo Deliberante, Ricardo Salomón, considera que con urgencia -y como medida coyuntural- se torna imprescindible que el Departamento Ejecutivo paralice la aprobación técnica de nuevas urbanizaciones especiales. "En ese tiempo se debe evaluar el impacto que genera a la sociedad la proliferación de barrios privados", sostiene el texto.
La iniciativa justifica el planteo en que el Código de Planeamiento Urbano -vigente de 1994- debe ser actualizado. "Si bien la ordenanza 613 fija las condiciones en que se permitirá su radicación, a la luz de la nueva realidad, y debido al auge que tuvo el establecimiento de estos asentamientos, las normas resultan insuficientes. Por ello, deben ser readecuadas y actualizadas", enfatiza el escrito avalado por Salomón y por los peronistas Rubén Aráoz, Alfredo Carrizo, Luis Baldizón y Francisco Pisano, que, con el apoyo de Manuel Sancho Miñano (Ciudadanos Independientes), votaron el jueves una iniciativa que permite a los residentes de countries pagar la Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI) con descuentos de entre el 20% y el 30%.
El intendente Roberto Martínez Zavalía y los concejales Alejandro Sangenis (MP3), Marcelo Rojas (Ciudadanos Independientes), Cristina Mirande (Recrear) y José Marrades (PJ) pretendían derogar ese beneficio, que desde 2003 establecía una disminución del 50% del valor de la tasa. En efecto, el jefe municipal anticipó el viernes a LA GACETA la posibilidad de vetar parcialmente el proyecto sancionado. Marrades, por su parte, también había afirmado -el sábado 6- que se debe suspender la construcción de nuevos countries.
Como contrapartida, los concejales que impulsan el descuento advirtieron que el municipio quedará a merced de eventuales presentaciones judiciales de los vecinos de barrios privados. "En el supuesto caso de que se decida vetar el proyecto, que el intendente se comprometa a responder con su patrimonio si el municipio pierde los juicios que eventualmente puedan entablarse", deslizaron desde el seno de este grupo de ediles.
Pedido de informes
El proyecto, tendiente a suspender la aprobación de nuevas carpetas técnicas referidas a la instalación de countries, especifica que en 90 días el Concejo deberá definir la nueva normativa.?
Al Departamento Ejecutivo, en tanto, los ediles le exigen que en 30 días corridos, como máximo plazo, eleve al cuerpo deliberativo un informe detallado, en el que se indique cuántos countries o barrios privados se radicaron en el municipio; cuál es la situación fiscal de cada vecino residente en esos predios y cuántos pedidos de radicación se encuentran actualmente en trámite de ejecución.
Situación contradictoria
"Resulta contradictoria la posición asumida por mis pares justicialistas, ya que ninguna norma puede ir en contra de los intereses de la comunidad en su conjunto. Consolidaron una situación de inequidad que, como peronista, considero inadmisible y repudiable", espetó el edil Alejandro Sangenis (MP3). Según dijo, la proliferación de countries obliga a actualizar el Código de Planeamiento. "Este fenómeno impacta negativamente en la posibilidad de crecimiento y de expansión urbana equilibrada, ya que se generan verdaderas barreras físicas que obstaculizan el desarrollo armónico de la trama urbana", señaló.
CARTAS DE LECTORES
Enorme perjuicio
Vivo al frente de un country que mantiene cerradas seis cuadras. Se bajó el nivel de las calles circundantes para evitar el ingreso del agua de lluvia, lo que provoca inundaciones; posee un basurero que ocasiona olores nauseabundos y proliferación de alimañas. La Municipalidad les retira la basura al igual que a los demás vecinos. El emprendimiento provoca perjuicios para la circulación, por no existir calles troncales.
Nancy Vallejo
nvallejo@tucbbs.com.ar
Objetivos primarios
Hipócritas, demagogos. Los calificativos no provienen de personas sin responsabilidades públicas, sino que son acusaciones entre el intendente y el Concejo. Se deben adecuar las valuaciones fiscales, porque hoy el común tributa $ 0,20 promedio por día, lo que fomenta una inequidad a favor de quienes pueden aportar más y aquellos que tienen propiedades de menor valor. Mientras tanto, la sociedad asiste azorada ante cruces que lo único que hacen es desviar a los dirigentes de los objetivos que deberían tener: administrar la cosa pública de manera eficiente uno y legislar y controlar esa administración los otros.
Guillermo Decoud Griet
guillermodecoud@ciudad.com.ar
Medida discriminatoria
Los habitantes de esa ciudad deberían unirse y solicitar la derogación de la norma, puesto que es discriminatoria. Quienes residen en countries deben transitar por calles alumbradas y limpias para entrar y salir de sus casas. Una tasa es el costo que todos deben pagar para vivir en sociedad y ese costo debe ser equitativo. Imaginemos situaciones extremas: la caída de un árbol, inundaciones. ¿Le solicitarán a la Municipalidad la solución del 50% de su problema o esta recibirá el 50% de sus quejas? Si la norma no puede ser derogada, sería democrático promover una reducción general. Si no, diríamos como Winston Churchill: "Nunca antes tantos les debieron tanto a tan pocos".
Daniel Dimani
Chile 3.292
S.M. de Tucumán
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