El 20 de mayo de 2004, Elena del Tránsito Grellet de Barrionuevo juró como vocal de la Cámara en lo Penal del Centro Judicial de Concepción, y dejó vacante el Juzgado Correccional en el que venía desempeñándose. Este sábado, se cumplirán dos años de la asunción. Este tiempo es considerado excesivo por la Corte Suprema de Justicia, que el viernes pasado, mediante la acordada 224, le reclamó al Poder Ejecutivo la inmediata cobertura del cargo vacío.
La decisión fue firmada por unanimidad por los cinco miembros del máximo tribunal, que requirió que se arbitren los medios necesarios para elegir a un nuevo juez y para obtener el acuerdo parlamentario respectivo. La posición fue adoptada tras evaluar las lapidarias conclusiones a las que se arribó en una auditoría funcional realizada en ese despacho.
"Por la prolongada vacante, se advierten serios riesgos de la prescripción de las causas, de demoras en los trámites y demás consecuencias, las que son de gravedad institucional, conduciendo a un deficiente servicio de justicia que recae directamente sobre la sociedad", establece el párrafo central de la auditoría.
La mayor cantidad de causas que atiende el Juzgado Correccional se relacionan con accidentes de tránsito ocurridos desde Famaillá hacia el sur, como los sucedidos en la fatídica ruta 38.
La situación es conocida por el sector político. A fines de 2004, el PE remitió a la Legislatura el pliego de Sergio Rubén Faiad para ser designado como juez, pero la postulación fue congelada en la comisión de Acuerdos por las internas en el oficialismo.
En noviembre pasado, Faiad renunció a su candidatura en duros términos ("en la Legislatura se cambian figuritas", dijo), y hace un mes asumió como vicepresidente del Colegio de Abogados del Sur, desde donde se reclamó en reiteradas oportunidades por este vacío.
La decisión fue firmada por unanimidad por los cinco miembros del máximo tribunal, que requirió que se arbitren los medios necesarios para elegir a un nuevo juez y para obtener el acuerdo parlamentario respectivo. La posición fue adoptada tras evaluar las lapidarias conclusiones a las que se arribó en una auditoría funcional realizada en ese despacho.
"Por la prolongada vacante, se advierten serios riesgos de la prescripción de las causas, de demoras en los trámites y demás consecuencias, las que son de gravedad institucional, conduciendo a un deficiente servicio de justicia que recae directamente sobre la sociedad", establece el párrafo central de la auditoría.
La mayor cantidad de causas que atiende el Juzgado Correccional se relacionan con accidentes de tránsito ocurridos desde Famaillá hacia el sur, como los sucedidos en la fatídica ruta 38.
La situación es conocida por el sector político. A fines de 2004, el PE remitió a la Legislatura el pliego de Sergio Rubén Faiad para ser designado como juez, pero la postulación fue congelada en la comisión de Acuerdos por las internas en el oficialismo.
En noviembre pasado, Faiad renunció a su candidatura en duros términos ("en la Legislatura se cambian figuritas", dijo), y hace un mes asumió como vicepresidente del Colegio de Abogados del Sur, desde donde se reclamó en reiteradas oportunidades por este vacío.







