El juez federal número uno, Jorge Parache, estará presente el martes durante la reunión de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), para presentar su descargo en el sumario que le siguen desde el año pasado por presuntas irregularidades en causas contra el Estado, por títulos públicos, tras la declaración de cesación de pagos (default).
Las actuaciones comenzaron el año pasado luego de las supuestas anomalías señaladas por dos auditorías (la de la Procuración del Tesoro de la Nación y la del Cuerpo de Auditores Judiciales del CM) en el trámite de medidas cautelares a favor de particulares, hecho sobre el que había advertido antes el Ministerio de Economía de la Nación respecto de distintos distritos del país.
La situación también afecta al juez federal número dos, Felipe Terán, también bajo sumario, que ya efectuó su descargo, y respecto del cual la comisión de Acusación aconsejó que fuera sometido a un proceso de remoción.
La reunión de la comisión que preside el diputado nacional radical, Federico Storani, es pública y está prevista para las 10. El juez puede concretar su defensa por escrito, incluso por medio de un abogado apoderado, pero su decisión (hasta el momento) es concurrir personalmente para hacer una exposición verbal y dejar una presentación en papel, con abundante documentación, según fuentes judiciales. Cuando Terán pasó por esta instancia, optó por no asistir y dedujo su descargo por escrito.
Los argumentos
Reglamentariamente, cuando un magistrado comparece, se abre la posibilidad de que sea interrogado por los siete integrantes de la comisión o por los que estuviesen presentes. Hasta el momento de la audiencia no se sabrá si el cuerpo se limitará a escuchar la exposición de Parache, en el caso de que este concurriera, o si le pedirán aclaraciones. En esto será clave la actitud que asuma el senador nacional kirchnerista Nicolás Fernández, quien instruye el sumario contra el juez.
Parache viajaría a la Capital Federal en las próximas horas, munido de un detalle concreto sobre su actuación en cada una de las causas judiciales vinculadas a bonos del Estado.
En su exposición, afirmaría que las medidas cautelares que dictó a favor de particulares fueron tomadas, en todos los casos, sobre títulos respecto de los cuales estaba acreditado que habían ingresado en las cuentas de los accionantes antes del default.
También brindaría un detalle sobre la situación procesal de los trámites en los que entendió y de las instancias en que se encuentran, y resaltaría que en muchos casos se trataría del pago de indemnizaciones -con títulos- efectuado por el Poder Ejecutivo nacional a víctimas de la represión ilegal (1976-1983).
Asimismo, habría relevado información relacionada con unas 200 causas similares, tramitadas en otros juzgados del país. Parache intentaría probar que en Tucumán no hubo hechos aislados, sino una línea de acción común en determinadas circunstancias y si eran cumplidos ciertos requisitos. Asimismo, enfatizaría en los casos en que habría desestimado los pedidos de particulares, en el afán de demostrar que no había una sola práctica común.
Las actuaciones comenzaron el año pasado luego de las supuestas anomalías señaladas por dos auditorías (la de la Procuración del Tesoro de la Nación y la del Cuerpo de Auditores Judiciales del CM) en el trámite de medidas cautelares a favor de particulares, hecho sobre el que había advertido antes el Ministerio de Economía de la Nación respecto de distintos distritos del país.
La situación también afecta al juez federal número dos, Felipe Terán, también bajo sumario, que ya efectuó su descargo, y respecto del cual la comisión de Acusación aconsejó que fuera sometido a un proceso de remoción.
La reunión de la comisión que preside el diputado nacional radical, Federico Storani, es pública y está prevista para las 10. El juez puede concretar su defensa por escrito, incluso por medio de un abogado apoderado, pero su decisión (hasta el momento) es concurrir personalmente para hacer una exposición verbal y dejar una presentación en papel, con abundante documentación, según fuentes judiciales. Cuando Terán pasó por esta instancia, optó por no asistir y dedujo su descargo por escrito.
Los argumentos
Reglamentariamente, cuando un magistrado comparece, se abre la posibilidad de que sea interrogado por los siete integrantes de la comisión o por los que estuviesen presentes. Hasta el momento de la audiencia no se sabrá si el cuerpo se limitará a escuchar la exposición de Parache, en el caso de que este concurriera, o si le pedirán aclaraciones. En esto será clave la actitud que asuma el senador nacional kirchnerista Nicolás Fernández, quien instruye el sumario contra el juez.
Parache viajaría a la Capital Federal en las próximas horas, munido de un detalle concreto sobre su actuación en cada una de las causas judiciales vinculadas a bonos del Estado.
En su exposición, afirmaría que las medidas cautelares que dictó a favor de particulares fueron tomadas, en todos los casos, sobre títulos respecto de los cuales estaba acreditado que habían ingresado en las cuentas de los accionantes antes del default.
También brindaría un detalle sobre la situación procesal de los trámites en los que entendió y de las instancias en que se encuentran, y resaltaría que en muchos casos se trataría del pago de indemnizaciones -con títulos- efectuado por el Poder Ejecutivo nacional a víctimas de la represión ilegal (1976-1983).
Asimismo, habría relevado información relacionada con unas 200 causas similares, tramitadas en otros juzgados del país. Parache intentaría probar que en Tucumán no hubo hechos aislados, sino una línea de acción común en determinadas circunstancias y si eran cumplidos ciertos requisitos. Asimismo, enfatizaría en los casos en que habría desestimado los pedidos de particulares, en el afán de demostrar que no había una sola práctica común.







