Se precisará el aval de un legislador para acusar al gobernador o al vice

Para solicitar juicio político al gobernador o al vicegobernador habrá que tener la venia de un legislador y, aunque los funcionarios sean acusados, no dejarán de ocupar el cargo hasta la destitución. Estas son las modificaciones más trascendentes al procedimiento que fija la Constitución para remover a las cabezas políticas del Poder Ejecutivo y de la Justicia. Ambos puntos forman parte del dictamen de comisión, el que podría ser aprobado por la Convención Constituyente en una sesión que se realizaría el miércoles.
La comisión que preside el peronista José Orellana trabajó sobre la base de 32 propuestas presentadas por distintos convencionales. Sin embargo, según trascendidos, el dictamen que se emitió el lunes pasado sólo tomó en cuenta las iniciativas firmadas por los referentes alperovichistas. La comisión sugirió el reemplazo de los artículos 42, 43, 44 y la Sección VI del actual texto constitucional.
De acuerdo con el dictamen, corresponderá a la Legislatura el enjuiciamiento político del gobernador, del vice, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. La novedad, con relación a la Carta Magna de 1990, es que la evaluación de la conducta o actuación de los demás jueces quedará sometida a un Jury de Enjuiciamiento integrado por tres miembros del Poder Ejecutivo, cinco legisladores y por el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Con siete firmas
Otro artículo del dictamen firmado por seis peronistas y por María Cecilia Serra de Participación Cívica, establece que la acusación estará a cargo de una comisión permanente de 12 legisladores y que el juzgamiento quedará en manos de los restantes 37 miembros de la Cámara. Lo curioso es que la comisión de Poder Legislativo aún no emitió despacho sobre la cantidad de legisladores que tendrá la futura composición parlamentaria.
En el proyecto para reemplazar el artículo 44, el grupo de trabajo que conduce Orellana sugirió eliminar la referencia al sistema de votación para destituir a un funcionario. El actual texto establece que debe votarse en forma nominal y registrarse en el acta de sesiones el voto de cada legislador. La referencia sería borrada de la Carta Magna.
En la propuesta para alterar el procedimiento del Juicio Político se sugiere además, fijar que la sentencia es irrecurrible.