El Grupo Alberdi considera que la suspensión del proyecto habitacional Lomas de Tafí, a partir de una causa iniciada por la Justicia Federal tras una denuncia del diputado Estaban Jerez, revela que hechos de gravedad institucional comprometen al Ejecutivo. Y sostuvo que esta situación, relacionada con la contratación y ejecución del emprendimiento, se debe a la falta de políticas transparentes en el Estado.
“Según el convenio entre la Nación y la Provincia, se trata de una obra para los más pobres. Pero este destino resulta ilusorio frente a los elevados precios de la construcción, que resulta de las adjudicaciones por contratación directa del Ejecutivo con las constructoras”, cuestionaron Alfredo Bolsi, Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Adolfo Poliche y Teresa Piossek Prebisch.
“Esta situación se genera a raíz de que el Gobierno ha eludido reiteradamente la licitación pública -advirtieron-. Con la anuencia de la Legislatura, también decretó la eliminación de este saludable procedimiento, impuesto por la Constitución provincial, para una contratación que excede los $ 200 millones”.
La investigación abierta por la Justicia Federal, que compromete a funcionarios de la provincia y de la Nación, constituye, para los miembros del foro de opinión, “un hecho de por sí ominoso. Es la consecuencia de que en la Provincia, salvo excepciones de la prensa escrita, la población carece de los medios necesarios para enterarse del qué hacer diario de los funcionarios que ha elegido para gobernar”, concluyeron.
Gesto de grandeza
El Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, mediante un comunicado, manifestó su inquietud por la suspensión de las obras. “Nos preocupa que Lomas de Tafí se convierta en otro antecedente de obras que no se realizan, en una provincia históricamente postergada en obras civiles”, afirmaron Esteban Ruiz Chanta y Ricardo Ferullo, presidente y secretario de la institución.
“Si el proyecto no se realiza, Tucumán perderá viviendas, puestos de trabajo y un instrumento de reactivación económica. Por ello, pedimos a la dirigencia un gesto de grandeza: tomen las medidas necesarias para concretar de la obra”, exigieron.
“Según el convenio entre la Nación y la Provincia, se trata de una obra para los más pobres. Pero este destino resulta ilusorio frente a los elevados precios de la construcción, que resulta de las adjudicaciones por contratación directa del Ejecutivo con las constructoras”, cuestionaron Alfredo Bolsi, Clímaco de la Peña, Elsa Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Adolfo Poliche y Teresa Piossek Prebisch.
“Esta situación se genera a raíz de que el Gobierno ha eludido reiteradamente la licitación pública -advirtieron-. Con la anuencia de la Legislatura, también decretó la eliminación de este saludable procedimiento, impuesto por la Constitución provincial, para una contratación que excede los $ 200 millones”.
La investigación abierta por la Justicia Federal, que compromete a funcionarios de la provincia y de la Nación, constituye, para los miembros del foro de opinión, “un hecho de por sí ominoso. Es la consecuencia de que en la Provincia, salvo excepciones de la prensa escrita, la población carece de los medios necesarios para enterarse del qué hacer diario de los funcionarios que ha elegido para gobernar”, concluyeron.
Gesto de grandeza
El Colegio de Ingenieros Civiles de Tucumán, mediante un comunicado, manifestó su inquietud por la suspensión de las obras. “Nos preocupa que Lomas de Tafí se convierta en otro antecedente de obras que no se realizan, en una provincia históricamente postergada en obras civiles”, afirmaron Esteban Ruiz Chanta y Ricardo Ferullo, presidente y secretario de la institución.
“Si el proyecto no se realiza, Tucumán perderá viviendas, puestos de trabajo y un instrumento de reactivación económica. Por ello, pedimos a la dirigencia un gesto de grandeza: tomen las medidas necesarias para concretar de la obra”, exigieron.







